Esta mañana, los concejales del bloque del PRO convocaron a una conferencia de prensa para realizar algunas aclaraciones tras la respuesta del intendente Miguel Gesualdi, quien se defendió de las acusaciones de posible corrupción alrededor de las fotomultas que les cobran a los vecinos por los radares de velocidad ubicados en la Avenida Scully.
Durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, el bloque opositor presentó un proyecto de comunicación dirigido al intendente para que aclare y sea transparente en el tema, luego de recibir quejas de muchos vecinos. Estos aseguran que no son notificados debidamente de la multa y que se enteran recién cuando van a renovar la licencia de conducir que deben grandes montos. Sin embargo, el bloque de Unión por la Patria decidió no acompañar este pedido, y el proyecto fue rechazado.
“Los vecinos de San Andrés de Giles están siendo multados y no tienen ni siquiera la posibilidad más básica que tiene el ordenamiento jurídico, que es ejercer el derecho de defensa”, denunciaron los concejales durante la conferencia, en la que exhibieron documentación oficial.
El fallo del Tribunal de Cuentas
Los concejales del PRO expusieron ante los medios y la comunidad “el fallo del Honorable Tribunal de Cuentas sobre la rendición del año 2024”. Allí señalaron que el intendente había minimizado el dictamen al hablar de “una pequeña sugerencia”, cuando en realidad se trata de una sanción.
“Un reparo no es una sugerencia, es un reparo. Una sugerencia no termina en una sanción y una sugerencia no termina en reparos concretos del Tribunal de Cuentas”, afirmaron.
Y agregaron, leyendo textualmente el fallo: “El Tribunal resolvió aplicar las sanciones de multa, amonestación y llamado de atención”.
El rol de la universidad y una empresa privada
Según explicaron los concejales, el municipio contrató a través de un convenio a la Universidad Nacional de San Martín para implementar el sistema de fotomultas, pero advirtieron que esta modalidad se utiliza “para evitar la licitación, que es lo que corresponde”.
Además, denunciaron la aparición de un tercero privado: “Dentro de este esquema aparece una empresa privada que se llama Tránsito Seguro Sociedad Anónima. No quedó acreditado cómo participaba esta tercera empresa”, señalaron, y agregaron que el propio juez de faltas municipal “desconocía las tareas asumidas en dicho convenio” y que “ninguna de las partes había brindado la asistencia técnica o de actualización tecnológica necesaria”.
Los ediles también vincularon el caso con investigaciones más amplias: “Hoy existen investigaciones judiciales en distintos municipios bonaerenses sobre sistemas similares. La Justicia Federal está investigando posibles esquemas de intermediación entre los municipios, las universidades y las empresas vinculadas al sistema de fotomultas”.
Quejas vecinas y falta de notificación
Los concejales relataron casos concretos de vecinos afectados. “El otro día me llamaba un vecino que debía 12 millones de pesos, no le entregaban la licencia y nunca se enteró, nunca pudo ejercer el derecho de defensa”, contó uno de ellos. Y agregaron: “Recién llamó uno que debe pagar 7 millones de pesos”.
Según denunciaron, los radares no cumplen con la señalización que exige la ley nacional y la universidad solo cumplió la parte recaudadora, no la educativa. “El convenio es educativo y solicita un plan de educación vial que nunca sucedió. Solamente fue recaudatorio”, concluyeron.
Si bien la comunicación presentada por el PRO fue bloqueada por el oficialismo en el Concejo Deliberante, los concejales adelantaron que continuarán con acciones. “Podemos presentar un pedido concreto de que, hasta que no sea transparente toda esta situación, el sistema se suspenda por 180 días”, anticiparon.
Y cerraron con un mensaje directo al intendente: “Creo que ahora tiene la oportunidad de demostrar con los papeles, como lo hemos hecho nosotros, cuál es la realidad y cómo está implementado este sistema”.
