La concejal Mercedes Condesse, autora del proyecto, expuso en el recinto una serie de cuestionamientos al funcionamiento del sistema de fotomultas en San Andrés de Giles. Si bien aclaró que “nadie está en contra ni de la seguridad vial, ni de controlar los excesos, ni mucho menos de prevenir accidentes”, sostuvo que la oposición se pregunta “cómo está funcionando el sistema de fotomultas en la actualidad” y si el mismo es “transparente” y cumple “con la legalidad”.
Condesse señaló que es “muy común escuchar vecinos enojados con reclamos por la ubicación que tienen los mismos, por cómo está señalizado el lugar”, y advirtió que “muchos creen ver en esto una finalidad meramente recaudatoria y de ninguna manera preventiva”. También denunció que “muchas veces los vecinos alegan que no han podido ejercer el derecho de defensa” porque “no son notificados debidamente” y se enteran de las multas “cuando van a hacer un trámite o cuando van a sacar la licencia de conducir”.
La concejal del PRO respaldó sus críticas en observaciones del Honorable Tribunal de Cuentas. “No lo decimos nosotros –remarcó–, se advierten en este sistema que se ha implementado, se ha instaurado en San Andrés de Giles, varias irregularidades administrativas y por otro lado irregularidades de tipo contractuales.” Entre las administrativas, mencionó “faltan controles municipales, ausencia de intervención suficiente, la falta de acreditación de las notificaciones, ausencia de control cuando se descartan las imágenes”.
En cuanto a las irregularidades contractuales, Condesse explicó que el municipio contrató a la Universidad Nacional de San Martín, y que dentro de ese esquema “aparece una empresa privada, un tercero involucrado, que se trata de la empresa Tránsito Seguro Sociedad Anónima”, encargada de proveer el equipamiento tecnológico. Según la edil, “no quedó demostrado en calidad de qué y cómo interviene ese privado dentro de este sistema”, y agregó que la universidad “no podía delegar ni subcontratar ninguna de sus funciones sin la autorización expresa del municipio”, autorización que “no existe según el tribunal”.
“El municipio puede delegar la función de hacer la fotomulta, pero lo que no puede delegar, es indelegable, es la facultad de control”, enfatizó Condesse, y calificó la situación como “muy grave institucionalmente”. “Acá gratuitamente aparece un tercero sin ninguna autorización del municipio, ejerciendo y actuando y cobrándose parte de esto. Nadie entiende cuánto, ni cómo, ni dónde, porque no existe para el municipio”, añadió.
Luego de que un concejal del bloque oficialista adelantara el voto negativo argumentando que “la Delegación Zonal” será quien “controle y siga auditando al municipio”, Condesse respondió con dureza: “Nos sorprende que el bloque oficialista sea encubridor de una acción que puede llegar a ser un delito de corrupción”. Y recordó que el sistema “comenzó mal parido, como dicen en el campo, porque esto salió sin licitación”. “Si no habría nada que ocultar y todo sería transparente y todo sería legal, lo más lógico es que el municipio abriera sus puertas”, concluyó.
Finalmente, el proyecto fue rechazado al obtener sólo los votos del PRO y de La Libertad Avanza, sin alcanzar la mayoría ante la postura contraria de Unión por la Patria.
Luego de la sesión los concejales del PRO se expresaron en sus propias redes sociales y expresaron su malestar por el rechazo del proyecto de comunicación. “Estamos ante un posible hecho de corrupción y el oficialismo nos calló”, dijo Mercedes Condesse.
