Alberto Fernández autorizó a los intendentes de todo el país, a través del decreto 351/2020, a “la fiscalización y el control” de los precios para garantizar que los comercios cumplan con la exigencia de retrotraer los precios máximos de 2.300 productos, vigentes al 6 de marzo, esto es tres días después que se conociera el primer caso de un infectado por coronavirus.
El Gobierno Nacional puso una herramienta fundamental en manos de los Jefes Comunales. Es que los intendentes son quienes conviven con las realidades de sus vecinos, y hoy más que nunca, necesitan herramientas para defenderlos. Porque en definitiva, para eso se eligen representantes. En tiempos de pandemia, la labor de estos es elemental.
En la gran mayoría de las intendencias la modalidad adoptada es la siguiente: se los inspecciona, se verifican los precios, y si hay subas, se les labra un acta y se los compromete a bajar los montos a los fijados en la página www.argentina.gob.ar/preciosmaximos.
En una segunda visita, si no se adecuaron los valores de los productos, se clausura el comercio -los tiempos varían según la localidad-, o se impone una multa económica que puede ser en efectivo, aunque en buena parte de las municipalidades se opta por el pago en especies, esto es cubrir el monto con alimentos para ser distribuido entre la población más necesitada.
En nuestra ciudad, a pesar de las quejas permanentes de vecinos, los controles vienen flojos. La dirección de Juventudes, dependiente del área de Desarrollo Humano y Acción Social, realizó una jornada de inspección justo antes de que salga el decreto. Detectaron precios elevados y pasaron las denuncias. Pero desde que el Estado local es el responsable, no hay noticias.
Más allá de que la canasta básica se incrementó notablemente por consecuencia de la acelerada inflación pandémica, y que en muchos casos los supermercadistas son víctimas de sus propios proveedores, que aumentan precios a destajo, se registran incrementos bochornosos. Aumentos que no tienen sentido y lucen en las góndolas sin pudor.
Un vecino envió a Infociudad, hace algunos días, un ticket de una compra de un repuesto de alcohol en gel marca Germex que consiguió en un supermercado chino. El gilense tuvo que pagar $350 por 250 c.c. El precio máximo que fijó el Estado para ese producto es de $250. Es decir, acá costaba casi un 50% más.
El ejemplo del alcohol en gel es uno. Lo preocupante es como se disparó la canasta básica en un contexto muy complicado para la mayoría de los vecinos. El congelamiento de precios no funcionó y más aún, en lugares donde el control es como jugar a la mancha, aunque a veces, casi ni te tocan.
El intendente Puglelli, en declaraciones radiales, dijo que no iba a salir a “clausurar” comercios, una postura que parece dar vía libre a las maquinitas que fijan precios. Nadie quiere clausuras, pero sí precios justos. Más aún la importante cantidad de vecinos que no pueden salir a trabajar y hoy cuentan las monedas para ir a comprar comida.
La política de la Municipalidad sobre este tema es de call center. Los vecinos tienen que llamar a la oficina de OMIC (2325 44 4245 o al 2325 475784) de 7 a 14 horas (solo en días hábiles) para denunciar sobreprecios, un canal útil pero que no alcanza. El Estado debe asumir su rol.
Cuándo las cosas no funcionan es necesario revisar y cambiar, dar marcha atrás o avanzar con decisión. Hoy en San Andrés de Giles, muchos comercios, tienen en sus góndolas ese descontrol de precios. Seguro que no es responsabilidad absoluta de sus titulares, pero una defensa común, seguro ayudará a mejorar la cuestión.
