En estas horas la Cámara Alta debate la Ley de Bases. El proyecto del Gobierno que lidera Javier Milei plantea importantes cambios para nuestra Argentina, entre ellos, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Para el oficialismo, una oportunidad. Para la oposición, una amenaza.

El RIGI es difícil de mirar con ojos patriotas. Lejos de ser un motor de desarrollo, parece un instrumento destinado a fomentar la explotación y desigualdad. Si bien pretende atraer capital extranjero mediante beneficios fiscales y regulaciones favorables; el impacto podría ser totalmente adverso.

Luego de ser tratado en Diputados, el RIGI comenzó a ganar espacio en los medios de comunicación. En pocas palabras y para resumirlo, este artículo de la ley ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años, para atraer proyectos que superen los US$ 200 millones. Además se agrega en otros articulados una serie de beneficios a capitales extranjeros que permiten explotar recursos delicados de la Argentina. Una entrega de soberanía lisa y llanamente.

En los debates previos del Senado una idea que resonó fuerte fue que los grandes empresas “nunca pidieron tanto”. Es decir, se está dando más de lo que solicita el capital. Incluso, el RIGI que impulsa el oficialismo es general y no apunta a favorecer a un cierto sector, como suele ocurrir en otros lugares del mundo donde se crean condiciones especiales para proyectar un mercado específico.

Las experiencias de otros países –habría que ir a África para buscar algo similar por su grado de amplitud- muestran que tales políticas a menudo resultan en desigualdad económica, ya que las grandes inversiones suelen concentrarse en sectores específicos; evasión fiscal, limitando la capacidad del país para financiar servicios públicos esenciales; y explotación laboral, motivada por las condiciones laborales precarias y bajos salarios.

Pero siempre se puede estar peor. De hecho, esta discusión dejó en evidencia aún más la falta de transparencia en el debate público. El oficialismo juntó votos para votar esta ley con un toma y daca con gobernadores y otros actores de traje que lejos de defender la Argentina no pueden más que mirarse el ombligo. En definitiva, cuando los intereses privados prevalecen sobre el bien común, se traiciona la confianza de los ciudadanos que esperan ser representados con justicia.

Es irónico y paradójico que una ley presentada como un mecanismo para fomentar el desarrollo económico y social termine teniendo el efecto contrario. En lugar de promover la prosperidad, esta ley podría profundizar las desigualdades y debilitar aún más nuestra economía a largo plazo. Otra vez, los intereses privados dictarán el rumbo de nuestro futuro.

Hoy el futuro de la Argentina se debate levantando las manos, para votar y para reclamar que la soberanía nacional siga siendo la bandera de una Argentina que sufre pero que no está dispuesta a entregar su dignidad ante el avance de los que solo quieren llevarse lo nuestro.