El encuentro se desarrolló este martes en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en La Plata, y contó también con la presencia del ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak. Durante la reunión, previa a la Marcha Federal en defensa de la salud pública, se presentó un informe con estadísticas alarmantes que reflejan el desfinanciamiento de programas, la falta de medicamentos y la creciente demanda en los sistemas de salud públicos municipales.
“Una catástrofe sanitaria evitable”
El gobernador Axel Kicillof calificó las medidas nacionales como “una catástrofe sanitaria evitable” y destacó que, ante la pérdida de cobertura prepaga de más de 742 mil personas, la responsabilidad de brindar respuestas recae nuevamente sobre los municipios y la Provincia. “No nos quedamos de brazos cruzados: estamos haciéndonos cargo de la situación”, afirmó el mandatario.
Kicillof advirtió además sobre el deterioro de distintos indicadores hospitalarios: “Son números de catástrofe y de una gravedad inmensa. No se produjeron por un virus sino por una situación económica deliberadamente descargada sobre las provincias, los trabajadores y los sectores medios”. También cuestionó el cierre de programas nacionales, el recorte de prestaciones del PAMI y la caída en la cobertura de campañas de vacunación. “Las políticas de abandono de la salud del gobierno de Milei matan, es criminal”, lanzó.
Por su parte, el ministro Kreplak detalló que el presupuesto en Salud fue recortado en un 40%, afectando directamente la entrega de medicamentos, vacunas y las prestaciones de PAMI.
Acta acuerdo y reclamo al Gobierno nacional
Para cerrar la jornada, los intendentes presentes —entre ellos Miguel Gesualdi— firmaron un acta acuerdo conjunta. En ella, expresan su profunda preocupación y reclaman al Gobierno nacional la urgente restitución de los recursos, insumos y herramientas esenciales para garantizar el derecho a la salud en cada distrito bonaerense.
El Gobierno provincial ratificó su compromiso de seguir sosteniendo programas como “Medicamentos Bonaerenses” para sustituir, en la medida de lo posible, la falta de envío de insumos desde la Nación.
Según datos difundidos por la administración bonaerense, la Provincia acumula pérdidas y deudas por $24,6 billones a raíz del recorte de fondos nacionales, la paralización de obras públicas y la caída de la actividad económica. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, aseguró que durante el primer trimestre de 2026 la Provincia recibió menos recursos que en años anteriores y denunció un fuerte retroceso en materia de coparticipación.
Sin embargo, detrás de la foto institucional también quedó expuesto el complejo escenario que atraviesan los municipios. Incluso desde sectores del oficialismo comenzaron a escucharse cuestionamientos hacia la administración provincial por la distribución de recursos y las prioridades de gestión en medio de la crisis económica. “No puede faltar comida, balas ni remedios”, sintetizó un intendente peronista del Conurbano, que pidió reforzar la asistencia social, sanitaria y en seguridad.
La reunión convocada por Kicillof no sólo fue una demostración política contra el ajuste nacional, sino también como una instancia donde comenzaron a aflorar las dificultades financieras que atraviesan tanto la Provincia como los municipios bonaerenses, incluido San Andrés de Giles.
