Durante la última sesión, los concejales de todos los bloques del Honorable Concejo Deliberante votaron por unanimidad la suspensión por 180 días del sistema de fotomultas implementado en el radar de la Avenida Scully. El proyecto fue presentado por el Bloque PRO y contó con el acompañamiento de los concejales de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria. Ahora la ordenanza deberá ser promulgada por el intendente, por lo que la situación quedó en manos del Poder Ejecutivo local.
La suspensión responde a múltiples motivos: presuntas infracciones al momento de tramitar o renovar la licencia de conducir, cuestionamientos vinculados a la falta de notificaciones previas adecuadas, la ubicación de los dispositivos de control, la señalización existente y los elevados montos de las sanciones aplicadas. Asimismo, el Concejo consideró necesario fortalecer la confianza pública y la transparencia respecto del funcionamiento integral del sistema, los mecanismos de control aplicados y la adecuada intervención municipal.
Cabe recordar que el bloque PRO ya había presentado una solicitud de información vinculada al funcionamiento del sistema de fotomultas, pero dicha iniciativa no obtuvo acompañamiento suficiente para su aprobación, persistiendo interrogantes y preocupaciones. A esto se suman las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, lo que motivó la adopción de medidas preventivas orientadas a fortalecer las garantías constitucionales, institucionales y ciudadanas.
Durante el debate, la concejal Mercedes Condesse expuso en detalle los argumentos que respaldan la medida. En su intervención, la edil fue contundente:
“Quiero dejar algo expresamente claro desde el comienzo de mi locución: este proyecto de comunicación que traemos a consideración no es una discusión técnica ni tampoco se quiere transformar en una discusión burocrática. Sino que estamos hablando de un sistema que coloca multas a nuestros vecinos, que recauda millones de pesos, que involucra a empresas, a universidades, a terceros y sobre un sistema en el cual el propio Tribunal de Cuentas hizo observaciones y aplicó sanciones.”
Sobre el fallo del Tribunal de Cuentas, la concejal expresó: “El Tribunal de Cuentas hizo observaciones formales, mantuvo un repago, ordenó el seguimiento (…) formó parte de las sanciones económicas aplicadas por este tema al intendente y a otros funcionarios municipales. El problema central que advierte es que el municipio no está haciendo sobre este tema tan importante los controles suficientes, no está controlando de manera adecuada y acabada el sistema.”
Uno de los reclamos más reiterados por los vecinos, según señaló, es la falta de notificaciones: “el reclamo más más importante es que no son notificados en su domicilio de estas infracciones que recién conocen de las mismas cuando van a renovar su licencia de conducir. Estas infracciones están cargadas en un sistema provincial y ahí aparece la foto, aparece el radar, aparece el acta al momento de sacar la licencia de conducir.”
La edil también cuestionó el rol de la Universidad Nacional de San Martín y la participación de terceros: “El convenio era con la Universidad General de San Martín, pero que después aparece una tercera empresa vinculada, que es la que da el soporte tecnológico, que se llama Tránsito Seguro, y tampoco pudieron acreditar las autorizaciones, los antecedentes y todo el mecanismo de contratación de esta tercera empresa.”
Uno de los puntos más graves mencionados por Condesse fue el desconocimiento del propio juez de faltas: “El propio juez de faltas manifestó desconocer las tareas que asumía en el convenio, no recibieron ningún tipo de capacitación sobre el sistema, y eso para nuestro punto de vista es gravísimo.”
En cuanto a la recaudación, la concejal aportó cifras concretas: “En el año 2025 se informaron que se recaudaron 70 millones 492 mil 917 mil pesos, recaudados por multas de tránsito por la ley provincial y 28, casi 29 millones por multas de ordenanzas municipales. (…) Es decir, estamos hablando de millones de pesos que salen de los bolsillos de acá, de los vecinos de San Andrés de Giles.”
Y lanzó una pregunta que sintetiza el malestar: “La pregunta inevitable es ¿para quién funciona, a quién le sirve realmente este sistema? Porque el vecino paga. Hay una universidad involucrada que no cumple con parte del trato, con parte sustancial del contrato.”
Finalmente, Condesse justificó la suspensión como una medida de prudencia institucional: “Este bloque entiende que lo mínimo que corresponde en una situación de estas características es suspender el sistema por un tiempo, mientras lo revisamos y se transparenta. Y este es el sentido básico que tiene esta comunicación. No es ni un acto partidario, ni es una medida extrema, es simplemente una medida preventiva y sobre todas las cosas una medida de fortalecimiento institucional.”
“Lo que pedimos es que se suspenda por 180 días. ¿Para qué? Para revisar los controles, para transparentar el sistema, para garantizar estas notificaciones que nos llevan en tiempo y forman a nuestros vecinos, para aclarar por qué están participando terceros.”
Y concluyó: “El vecino paga, el sistema recauda, pero el Estado local no controla cómo debería, ni explica con claridad cómo funciona realmente todo este entramado. (…) Lo mínimo que corresponde para actuar con responsabilidad es transparencia y prudencia institucional.”
La ordenanza aprobada insta al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la suspensión transitoria del sistema por 180 días o hasta que se fortalezcan los mecanismos de control municipal, notificación, garantía del derecho de defensa de los vecinos, supervisión de la participación de terceros, transparencia y trazabilidad administrativa, y el cumplimiento de los objetivos de seguridad vial, educación y concientización. Ahora la decisión final recae en el intendente, quien deberá promulgar o no la medida.
