Ayer, domingo 25 de mayo, durante la misa del Tedéum, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció un discurso en el que destacó que “nadie es descartable”, haciendo referencia a los abuelos, los trabajadores y las personas con discapacidad, en una clara señal de crítica al Gobierno nacional por sus medidas. Javier Milei escuchó sus palabras, pero al día siguiente tomó una medida que genera incertidumbre para las personas con discapacidad.
Este martes 26 de mayo, la gestión libertaria dispuso una nueva medida que afecta directamente a ese colectivo. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional eliminó el Régimen de Compensaciones Tarifarias que hasta ahora subsidiaba a las empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, trasplantadas y niños con cáncer.
La resolución establece textualmente: “Déjase sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674”.
Estas tres normas disponen que las empresas de larga distancia bajo control de la autoridad nacional tienen la obligación de trasladar gratuitamente a personas con discapacidad, a personas trasplantadas o en lista de espera para recibir un trasplante, y a niños y adolescentes con cáncer. Hasta ahora, el Estado subsidiaba parte del costo de esos pasajes. Con esta medida, dejará de hacerlo.
El argumento del Gobierno: libertad tarifaria
En los considerandos de la resolución, el Gobierno argumenta que, tras la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, los transportistas pueden “determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios”. Por este motivo, se sostiene que “la introducción de la libertad tarifaria implica una reconfiguración sustancial de la ecuación económico-financiera del sector, otorgando a los operadores capacidad para internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales inherentes a la actividad”.
Asimismo, se concluye que “la causa estructural que oportunamente justificó la implementación del esquema compensatorio ha sido superada”, por lo que se vuelve “innecesaria su continuidad”.
La gratuidad sigue vigente, pero las empresas deberán absorber el costo
La resolución aclara que el beneficio de gratuidad para estos usuarios sigue vigente y es obligatorio para los transportistas. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) supervisará que las empresas sigan emitiendo los boletos sin cargo conforme a las leyes nacionales. Desde el Gobierno destacan que la quita de subsidios “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, que “permanece plenamente vigente y exigible frente a los transportistas”.
Sin embargo, la medida genera incertidumbre sobre si las empresas podrán sostener los pasajes gratuitos sin la compensación estatal.
Incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad
La medida se conoce en un contexto en el que el gobierno libertario continúa incumpliendo la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) , sancionada por el Congreso el año pasado y ratificada en varias instancias por el Poder Judicial. Pese a ello, la norma no se implementa. Además, según la información difundida, Javier Milei busca reemplazarla por otra ley que “profundiza la crisis y el desamparo del sector, con más recortes a coberturas y prestaciones”.
De esta manera, el discurso del arzobispo del 25 de mayo y la medida del Gobierno del 26 de mayo quedaron enfrentados en dos jornadas consecutivas, dejando en evidencia la contradicción entre el llamado a no descartar a los más vulnerables y las políticas de ajuste aplicadas menos de 24 horas después.
