El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas, en complicidad con sectores civiles y grupos económicos, derrocaron el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a uno de los capítulos más trágicos y oscuros de nuestra historia.
El período comprendido entre 1976 y 1983 se caracterizó por la represión, la persecución política, la censura cultural y la desaparición forzada de más de 30.000 personas. A ello se sumaron mecanismos de control ideológico como las “listas negras”, en las que se incluía bajo la denominada “Fórmula 4” a personas de diversas profesiones que, según el régimen, registraban “antecedentes marxistas”. De esta manera se impuso un nuevo proyecto político, social y económico orientado a beneficiar al capital financiero y a los sectores más concentrados de la economía.
A cinco décadas del golpe, varias de las transformaciones económicas iniciadas durante la dictadura continúan influyendo en la estructura productiva del país. El entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, impulsó medidas basadas en la liberalización de los mercados: congelamiento salarial que provocó una fuerte pérdida del poder adquisitivo, apertura indiscriminada de importaciones que derivó en el cierre de numerosas industrias nacionales y una reforma financiera que fomentó la especulación por sobre la inversión productiva.
Lamentablemente, muchos de los cambios estructurales impuestos por la dictadura mediante el terrorismo de Estado perduraron tras el retorno de la democracia. En esta fecha no solo debemos reafirmar los principios de memoria, verdad y justicia, sino también reflexionar colectivamente sobre el modelo de país que tenemos y el que queremos construir. Recordar es un acto de responsabilidad colectiva y pensar el presente exige promover una economía al servicio de las personas, que valore el trabajo, fortalezca la producción nacional y priorice el bienestar social por sobre la rentabilidad del capital. Porque una democracia sólida no solo se sostiene en instituciones libres, sino también en un desarrollo económico que dignifique a su pueblo.
Por Jonathan Hazi, docente y director de secundaria de San Andrés de Giles
