En 1976 reinaba el caos. Yo tenía 14 años; siempre interesado en los acontecimientos que se producían dentro del esquema político del país, había estado leyendo y escuchando —sin participar, claro— sobre la candidatura del Dr. Cámpora en 1973, el convulsionado regreso del General Perón al país, etc. Debo confesar que, sin ideología partidista de ningún tipo aún, sentía solo curiosidad sobre algunas cosas que me llamaban la atención.
Seguramente un revisionismo histórico coyuntural y global explicaría muy bien la realidad político-institucional del país en aquella época, pero eso se lo dejo a los profesionales en la materia. Solo diré que, habiendo fallecido el General Perón el 1 de julio de 1974 —ya enemistado con determinadas corrientes de las muchas que conformaban al Movimiento Popular y Nacional—, el gobierno de su sucesora, la señora María Estela Martínez de Perón, conocida por su nombre de confirmación católica como Isabel, se encontraba sumergido en una crisis socioeconómica y política absoluta. El peronismo estaba infiltrado por sectores de la ultraderecha que exhibía como conductor a uno de los personajes más nefastos de la historia argentina: José López Rega.
La situación proveyó un caldo de cultivo propicio para que el 24 de marzo de 1976 la Junta Militar, conformada por los comandantes de las Fuerzas Armadas (el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier Orlando Ramón Agosti), encabezara un nuevo golpe de Estado y se apoderara del gobierno del país.
Es tiempo de hacer algún análisis sociopolítico. No solo existía el caos gubernamental ya expuesto, sino que las fuerzas que representaban a la izquierda más profunda de la sociedad habían decidido entablar una lucha armada en contra de lo que se sabía que iba a venir. Este accionar, que dejó también amplias secuelas de violencia, muerte y destrucción, colaboró y dio la excusa final para que se estableciera, en marzo del 76, un gobierno de facto.
Aquí comienza el razonamiento ideológico y no anecdótico de la situación. Un país, un Estado, un pueblo es libre y soberano cuando respeta los fundamentos de su Constitución Nacional. Este documento es la Carta Magna suprema que dicta cómo debemos constituirnos como Nación independiente y jamás debe ser violada. Ningún caos social, económico, jurídico o institucional justifica la interrupción de un gobierno democrático por la fuerza de las armas. Nunca. Ni antes, ni ahora.
Nada justifica interrumpir un proceso democrático; solo el mismo pueblo puede expresarse en contra de sus dirigentes, simplemente porque es soberano, ya que este país es de todos y no de unos pocos. El advenimiento de un gobierno de facto significa la ausencia de todo Estado de Derecho, donde la ley no se cumple y las vidas de las personas se ven avasalladas.
Lo que se instaló en 1976 fue un proyecto sociopolítico dictado por sectores recalcitrantes con un objetivo claro: adoctrinar, silenciar y someter a la sociedad por medio de la violencia. Así se implantó el “Proceso de Reorganización Nacional”, que a la postre demostraría ser la instalación forzada de un sistema económico pergeñado por potencias extranjeras que terminó fracasando en toda la región. Solo eso: plata.
No es excusa la postura de “estábamos en medio del dominio de la subversión”. Por más abusos que se produzcan dentro de un régimen democrático, las personas siempre conservan su derecho a defenderse, opinar y cuestionar. Eso que llamamos libertad desapareció a fines de los 70.
Estamos hablando de un gobierno de facto que ejerció el peor y más aberrante de los crímenes: terrorismo de Estado. El terrorismo carece de una ideología específica; utiliza métodos violentos, mata, roba y abusa. Y si viene del Estado, daña de manera irreparable. Se condena a quienes avalaron, impulsaron y llevaron adelante el golpe más sangriento de nuestra historia.
Para instalar dicho proceso se valieron de secuestros, torturas, violaciones y desapariciones forzadas. No importa si desaparecieron 30.000, 9.000 o 1.000; solo un secuestro o una apropiación de un bebé es suficiente para hablar de terrorismo de Estado.
Recuerdo tener compañeras en la facultad que se vestían con ropa de hombre porque tenían miedo. Cuando el Estado de Derecho está ausente, se da lugar a todo. Recuerdo profesores diciéndonos que no le pusiéramos el nombre a los libros, pues si se los prestábamos a un amigo y este resultaba víctima de secuestro, íbamos a correr peligro nosotros.
Fuimos sometidos como sociedad a una persecución mortal. Si le hacías caso al cartel que rodeaba el Obelisco y decía “El silencio es salud”, no te iba a pasar nada. Pero si eras curioso o militabas para volver a la democracia, corrías el riesgo de conocer un campo de concentración donde no había hornos, pero sí aviones que tiraban gente al río.
Particularmente, estoy convencido de que fue el Dr. Raúl Alfonsín quien nos enseñó que el estado de gracia es el Estado de Derecho. Hoy, todavía vemos reivindicaciones para con estos terroristas. Un sector de la sociedad, empujado por un poder político que se empeña en un país para pocos, sigue enalteciendo la figura de asesinos.
Como decía el General José de San Martín: “La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas… La patria no es abrigadora de crímenes”.
Para terminar, voy a utilizar las palabras del fiscal Julio César Strassera en su alegato: “Repito palabras que no son mías, sino del pueblo argentino: ¡NUNCA MÁS!”
Por Salvador Paco Guida farmacéutico, docente y concejal de San Andrés de Giles
