La dictadura cívico, militar y eclesial sucedió entre mis 16 y 22 años. También viví su finalización y el regreso a la vida democrática. Al año siguiente de ese 1983, terminaba mis estudios de abogacía.
Fue el desenlace de una época terrible, atroz, sangrienta. Terminaba la peor dictadura, nunca vivida en nuestro país. Finalizaba un tiempo de mucha oscuridad. Comenzaba un periodo en el que parecía que recuperábamos nuestras esperanzas.
Había presenciado el mal sin darme cuenta. Miraba sin ver. Fui, como tantos otros, víctima de las políticas de ocultamiento que se implementaron por aquel entonces. Comencé a tomar conciencia de lo sucedido después de 1985, luego del juicio a las juntas militares. Ello, me avergüenza un poco.
No sufrí en persona la persecución, el secuestro y tampoco la tortura.
Entendí, tiempo después que mi subjetividad había sido asolada. Que me habían dicho, que libros leer, que música escuchar. Mi capacidad de pensamiento (especialmente el pensamiento crítico) también había sido atacada. Mi dinámica familiar y personal violentada.
Comprendí el efecto que el temor a involucrarse había hecho en mí y en muchos otros. No éramos conscientes de nuestra juventud. No había libertad para decir, ni para tener pensamiento sin miedo.
Asimilé, que el Estado había actuado deliberadamente por fuera de la ley. A pesar de ello, había sido apoyado por importantes sectores de la sociedad. La policía y las fuerzas armadas en lugar de proteger a los ciudadanos, cometían crímenes. Ello contradecía todo lo que me habían enseñado en la universidad.
El terror político vivido y la tragedia social sufrida se me tornaba cada vez más evidente y descarnada. El concepto de enemigo había permitido, la comisión de los peores crímenes. Deshumanizar al otro, encuadrarlo en ese concepto permitía su aniquilación.
El 16 de setiembre de 1976 fueron secuestrados diez jóvenes (por aquel entonces yo tenía su misma edad) integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, que militaban por lograr un boleto estudiantil en la ciudad de La Plata. Solo sobrevivieron cuatro, tragedia que se la conoce como “La noche de los lápices”.
Otro ejemplo de esa deshumanización y aniquilación brutal, fueron los llamados vuelos de la muerte. Vuelos clandestinos de personas secuestradas que eran arrojadas al Río de La Plata o al mar.
Un dato estremecedor, existieron en todo el territorio de nuestro país 814 centros clandestinos de detención y tortura.
Recuerdo, aún hoy, a pesar del tiempo transcurrido desde que lo escuché, una exposición dada por el doctor en ciencias económicas, sociólogo, profesor Dr. Bernardo Klisberg, quien, luego de relatar, muy emocionado, su sufrimiento por las vivencias de su familia en el campo de concentración de Auschwitz, explicó el nivel de maldad extremo de la dictadura argentina. Describió que en nuestro país se secuestraba mujeres embarazadas, se las torturaba y mantenía con vida hasta el día del nacimiento de su criatura. Momento en el que se les robaba su bebé y se las mataba.
Comprendí que el mal había sido absoluto, utilizando palabras de Carlos Santiago Nino.
Aún no puedo comprender cuáles son las ideas que pueden llevar a una persona a realizar los actos como los que mencioné, a torturar y en definitiva matar a miles de otras personas.
Como ya lo señalé, para mí fue determinante, por todo lo que vino luego en mi vida, el juicio a las juntas. A partir de ese acontecimiento, entendí que el derecho y los tribunales es lo mejor ideado – hasta el momento – para doblegar las violencias, las atrocidades y para aliviar el sufrimiento. Me persuadí del poder de la ley para hacer el bien y proteger a las personas. Reafirmé, con total certeza, mi vocación, a pesar de hoy haber entrado en una severa crisis, sigo creyendo en estas ideas. Estos pensamientos me conquistaron y siguen conmigo hasta el día de hoy.
Pero la historia no terminó allí, con la finalización del juicio, la lucha continúo.
El último punto de la sentencia del juicio a las juntas, el número treinta, señalaba que solo era el comienzo.
Textualmente sostuvo: “Disponiendo, en cumplimiento del deber legal de denunciar, se ponga en conocimiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el contenido de esta sentencia y cuantas piezas de la causa sean pertinentes, a los efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores, que ocuparon los comandos de zona y subzona de Defensa, durante la lucha contra la subversión, y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones”.
Los juicios debían proseguir contra quienes habían ejecutados las órdenes ilegales. Ello obligaba a seguir investigando, a acercarse a la verdad de lo sucedido. Este último punto, demostró la independencia que existía por parte del Poder Judicial, en relación al poder político. Éste, había planeado hacer un corte, solo Juzgar a los comandantes de las tres juntas.
Esta decisión generó malestar en las fuerzas armadas. Se sucedieron alzamientos militares que hicieron retroceder al gobierno democrático, sancionándose las llamadas leyes de impunidad, obediencia debida y punto final. Para luego sumarse a la falta de castigo el indulto.
La lucha continúo. Corría el año 1995, el trabajo llevado a cabo por diversas organizaciones de Derechos Humanos, en especial Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, dieron en el plano legal dos novedades importantes en la contienda contra el olvido de las violaciones de derechos humanos sufridas por nuestra población, y contra la impunidad de sus culpables. Se encontró una “brecha” legal, que permitió el juzgamiento y re-encarcelamiento de varios jefes militares, el robo de bebés hijos de desaparecidos (“sustracción de menores”), delito no contemplado en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y por el que tampoco habían sido juzgados los miembros de la Junta Militar (nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho).
Además, se iniciaron los Juicios por la Verdad. Su fin fue declarar judicialmente quiénes fueron víctimas, cuál fue su destino y quiénes fueron sus represores.
Dichos juicios tenían por objetivo el conocimiento individual y colectivo el destino de los desaparecidos, con fundamento en el derecho de los pueblos de conservar la memoria y de las personas de conocer la verdad que les permita elaborar sus duelos. Pero no se podía condenar en ellos a los culpables, porque algunos habían sido indultados o fueron amparados por las leyes de impunidad, también dictadas por el Congreso.
La lucha siguió, en el año 1998, el Congreso derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero esta derogación siguió amparando a quienes se habían ya beneficiado por ellas, ya que la derogación opera sólo a futuro.
Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, se dio nuevo impulso político a la lucha por el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la última dictadura cívico militar, eclesial. En el año 2003, el Congreso declaró la nulidad de las leyes de impunidad, lo que retrotraía la situación a antes de su dictado y permitía, por ello, el juzgamiento de quienes se hallaban hasta entonces cubiertos por su protección.
El debate acerca de la legitimidad del juzgamiento de los represores cubiertos por estas leyes hasta su anulación subsistió hasta el año 2005, en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, zanjó la cuestión declarando inconstitucionales a ambas leyes, con fundamento en que el Congreso no puede dictar leyes que contradigan los compromisos internacionales asumidos por nuestro país al firmar pactos internacionales protectorios de derechos humanos.
A partir de la declaración de nulidad de las leyes de impunidad, algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales los indultos referidos a crímenes de lesa humanidad, y a reabrir los casos. Este criterio fue confirmado en 2006 por la Cámara Nacional de Casación Penal (máximo tribunal penal), con fundamento en que los delitos de lesa humanidad no prescriben. En 2010, la Corte Suprema de Justicia confirmó que los indultos no fueron constitucionales y que las condenas anuladas por dichos indultos debían ser cumplidas.
La democracia que consolidamos en más de 40 años ininterrumpidos (señalemos, que luego del juicio a las juntas militares no hubo golpes de estado) está hoy en un punto crítico. En nuestros días, la lucha por los derechos humanos está en un momento complejo. Se denuncian medidas regresivas y obstáculos a la prosecución de los juicios por los delitos de lesa humanidad. Se reprime la protesta social, sumado a las medidas de austeridad que impactan sobre los derechos de gran parte de la población.
En esta contienda, el sistema de justicia es una herramienta fundamental. La justicia argentina está llevando adelante un enorme número de investigaciones relativas a los crímenes de la dictadura.
No debemos dejar de lado la ley para controlar el crimen.
Hoy, más que nunca, la movilización popular, encabezada por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo debe continuar vigente.
La lucha continúa, es nuestro deber hoy, seguir militando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia a fin de evitar la repetición de las atrocidades vividas y combatir la impunidad. Debemos volver a estar en la avanzada. Habrá, que volver a explicar todo, con un lenguaje sencillo y claro, para despertar empatías en los jóvenes.
Esta es una lucha de todos. La memoria no se extingue por decreto.
Por el juez Marcelo Luis Giacoia a cargo del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 Luján – Mercedes.
