personas con discapacidad, familias y prestadores del sector se movilizaron en inmediaciones del Congreso de la Nación, para repudiar el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, que fue aprobada por ambas cámaras.
En ese marco, de forma desproporcionada, fuerzas de seguridad arremetieron contra los manifestantes de manera violenta, volviendo a generar indignantes postales represivas, como en marchas anteriores, donde golpearon a jubilados.
“Me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela especial y su terapia a que me pegue un policía“, expresó una mujer, en los micrófonos del móvil de La Nación +, sintetizando la brutalidad de la represión que se estaba desatando.
Fernando Arias, padre de Manuel, un niño de cinco años con epilepsia, retraso en el desarrollo y discapacidad motriz, se refirió al veto sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y sostuvo que si bien “siempre hubo problemas”, ésta es “una situación desesperante”.
“Ni la inclusión ni la vida de mi hijo les parece tan importante como para que el Estado se tenga que ocupar de ser un vector de justicia social en este tipo de situaciones. Si no te toca vivirla en primera persona, es muy difícil de comprender. De todos modos, es el mismo patrón para los jubilados y para cualquier cuestión que tenga que ver con la atención pública en general”, indicó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.
Por otra parte, señaló que el año pasado realizaron un cálculo sobre el valor de las terapias y medicaciones que toma su hijo y obtuvieron como resultado “un valor de 6.000 dólares mensuales”, que hoy es más elevado porque se “complejizaron” algunos de los fármacos.
A su vez, remarcó que, si bien su hijo tiene una cobertura que le da la posibilidad de acceder a sus terapias y a su medicación, “no son fáciles de conseguir” porque no lo exime del nomenclador que es el mismo para todos y que provoca que el sistema se “esté resintiendo”.
“Conceptualmente el tema es ‘No nos importa tu hijo, es un problema tuyo, jodete por procrear a una persona con discapacidad’”, añadió.
Arias subrayó que “es evidente” que algunas terapias están empezando a tener problemas “porque redujeron días en las prestaciones” y que sólo logran continuarlas aquellos que tienen la posibilidad de pagarlas aparte.
“Nosotros podemos hacerlo, pero conceptualmente está mal. Para eso, hay una ley que nos ampara. A lo que va el sistema es a buscar que sólo pueda sostenerlo el que lo pueda pagar”, añadió.
Por su parte, el presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), Daniel Ramos, criticó el “empeño” puesto en estigmatizar que “la discapacidad reclama atenciones que afectaría el equilibrio fiscal”, en medio de la protesta del sector en las inmediaciones del Congreso.
Y añadió que “la discapacidad y la pobreza tienen correlación”. “En el país hay seis millones de personas con discapacidad según el INDEC. No todas estas personas requieren atención, algunos simplemente requieren de políticas públicas”, expuso.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una de las entidades que se encuentran en la movilización, señaló que “el verdadero desafío” que debería tener el oficialismo es construir una sociedad “más justa”, donde “nadie quede excluido ni sólo” frente a las dificultades que se presentan en la Argentina de hoy.
Para finalizar, manifestó que la emergencia en Discapacidad abarca “múltiples realidades” porque existen personas que trabajan “en talleres protegidos” y que hoy perciben “$28.000 mensuales”, como así también están quienes “esperan acceder a una pensión para contar con un ingreso”, además del acompañamiento integral que les permita desarrollarse. “Hoy, esas personas, están en riesgo porque los aranceles no cubren los costos básicos de funcionamiento y muchos prestadores están al borde del cierre”, advirtió.
Fuente: NA
