Hace 15 días, durante la sesión del Honorable Consejo Deliberante de San Andrés de Giles, quedó paralizado un proyecto de urbanización impulsado por las familias Cerrina Gómez y Godoy Arancibia, luego de cinco años de gestiones, estudios y modificaciones. Los impulsores del emprendimiento manifestaron su profunda decepción a través de dos notas presentadas ante el cuerpo legislativo, en las que cuestionan la falta de definiciones y advierten que evaluarán recurrir a la justicia por daños y perjuicios.
En una de las cartas dirigidas a los concejales, los dueños del loteo expresaron: “Cinco años es un plazo excesivo para cualquier expediente, más aún cuando quienes impulsamos este proyecto hemos actuado siempre de buena fe, cumpliendo cada requerimiento técnico y administrativo que nos fue solicitado“. Asimismo, señalaron que la demora reiterada y la ausencia de explicaciones generan “inevitablemente sospechas y desalientan la confianza de cualquier ciudadano en sus representantes“.
Los firmantes advirtieron que, si bien prefirieron no trasladar el conflicto a los medios, su decisión tiene un límite. “Como ciudadanos tenemos derecho a obtener una resolución fundada, cualquiera sea su sentido. Lo que no resulta aceptable es la indefinición permanente. También tenemos derecho a recurrir a la justicia para determinar si esta prolongada paralización constituye una arbitrariedad“, sostuvieron.
Aclaran que no es un country ni un barrio cerrado
En una segunda nota, la familia Cerrina Gómez y Godoy Arancibia salieron al cruce de afirmaciones que circulan sobre el emprendimiento y aclararon que no se trata de un country ni de un barrio cerrado. “Se trata de un barrio abierto integrado a la ciudad, sin muros, sin control de acceso y pensado para ampliar la oferta de terrenos destinados a las familias que hoy se encuentran en enormes dificultades para acceder a la tierra“, detallaron.
Compromisos y aportes al municipio
Los impulsores enumeraron una serie de beneficios que el proyecto contempla para la comunidad, que exceden las obligaciones establecidas por la normativa urbanística vigente:
- Cesión de 18 lotes al municipio para políticas habitacionales y sociales, distribuidos en la calle Picheto (6 lotes), en Villa Espil (6 lotes de 600 a 800 m²) y en Cucullú (6 lotes de aproximadamente 300 m²).
- Instalación de 50 luminarias LED para iluminar el acceso a la localidad de Cucullú, mejorando la seguridad vial y la calidad de vida.
- Aportes de una motoniveladora Caterpillar 140 HP, año 2006, valuada en 100 mil dólares, para el mantenimiento de calles urbanas y caminos rurales.
- Provisión de caños de hormigón para alcantarillas y mejoramiento del sistema de escurrimiento pluvial.
Sobre las preguntas acerca de la recolección de residuos y la prestación de servicios, los solicitantes indicaron que esos aspectos deben ser analizados por los organismos técnicos municipales y provinciales. “Si este criterio se hubiera aplicado históricamente, ningún barrio de nuestra ciudad habría podido desarrollarse“, afirmaron.
También cuestionaron la objeción sobre el precio de los lotes, señalando que toda mayor oferta contribuye a generar más posibilidades de acceso a la tierra y favorece la competencia en el mercado inmobiliario. Además, destacaron que la propiedad privada y el acceso a la tierra son valores que convergen en distintas tradiciones políticas democráticas, desde el liberalismo hasta el peronismo histórico y las corrientes sociales democráticas.
Tal como se resolvió en la sesión, ambas notas serán remitidas al Consejo Municipal de Tierra y Hábitat para su análisis.
