El Gobierno consiguió media sanción en la Cámara de Diputados este miércoles 20 de mayo en el proyecto para reformar el régimen de Zona Fría, lo que volvió a poner el foco sobre cuántos usuarios perderían el esquema actual de subsidios al gas si la iniciativa se convierte en ley. Según datos de la Secretaría de Energía, el cambio podría afectar a 3,2 millones de usuarios residenciales en todo el país, de los cuales 1,3 millones corresponden solamente a la provincia de Buenos Aires.
Según el oficialismo, el recorte permitirá un ahorro cercano a los $272.000 millones. Se modifica el esquema vigente y limita el beneficio de hasta el 50% de descuento en la tarifa de gas únicamente a la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna. A partir de este cambio, son 90 los municipios de la Provincia de Buenos Aires que pierden este subsidio.
La votación terminó con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Los libertarios contaron con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, casi todos los integrantes de Innovación Federal (un salteño se opuso), las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, la diputada del monobloque La Neuquinidad, los tres tucumanos de Independencia, la ex libertaria Lourdes Arrieta y los jujeños Jorge Rizzoti y María Inés Zigarán. Los tres diputados de Elijo Catamarca se abstuvieron.
Ahora el proyecto será girado al Senado, donde las provincias tienen aún más poder y continuarán las negociaciones con la Casa Rosada.
Qué propone la modificación del régimen de Zonas Frías
La iniciativa oficial restringe la bonificación de hasta el 50% de la tarifa de gas únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Por lo tanto, excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.
Desde la Casa Rosada aseguran que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal” ya que los hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales podrán registrarse de nuevo en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para mantener el subsidio. También podrán inscribirse beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.
Además, el proyecto permitirá que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que se vieron afectadas durante los últimos años por el congelamiento de tarifas puedan aplicar ese crédito para cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), a condición de que abandonen todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados.
Por su parte, desde la oposición calificaron la medida como un “tarifazo” disfrazado porque representará un fuerte aumento en las boletas de las zonas que quedarán fuera del régimen. Por otro lado, señalaron que también significará un aumento para la provincias que quedaron incluídas en el régimen porque “se cambia la base del cálculo del subsidio y se deja afuera la distribución y el transporte del gas”.
A modo de ejemplo, la diputada bonaerense Marina Salzmann mostró una boleta de gas de una jubilada de Marcos Paz, que en abril pagó $26 mil y sin el subsidio pasaría a pagar $45.500 mil, “lo que significa el 11% de sus ingresos como jubilada de la mínima”. “El único que se beneficia es el ministro de Economía que quiere que le cierren las cuentas”, concluyó.
La provincia de Buenos Aires aparece como la principal afectada por el recorte, que podría impactar en las tarifas. La ampliación de 2021 había incorporado a usuarios del interior bonaerense y de la Costa Atlántica, como Mar del Plata, además de San Andrés de Giles, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Tres Arroyos, Pergamino, Junín, entre otros.
