La familia de Lisandro, un niño de 9 años diagnosticado con Encefalopatía Crónica No Evolutiva (ECNE), atraviesa una situación crítica frente a la falta de respuestas de OSUOMRA, la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica. Ante la demora en la cobertura de prestaciones esenciales, sus padres iniciaron acciones legales y organizan rifas para poder afrontar los costos judiciales.
El caso tomó estado de urgencia luego de que, según relató su padre, el docente Cristian Cadenazzo, la obra social acumulara más de 100 días sin responder a un pedido fundamental: una silla necesaria para la movilidad del niño. “Ya pasaron más de cien días desde que pedimos la silla y hasta el día de hoy no tenemos respuesta”, explicó.
Frente a esta situación, la familia decidió avanzar con un recurso de amparo, que ya fue presentado y cuya notificación se concretaría en los próximos días. “Van a responder recién cuando empiecen a cobrar las multas por no cumplir el amparo”, sostuvo Cadenazzo, quien además denunció una serie de obstáculos administrativos que dificultan aún más el acceso a la salud.
Según detalló, el funcionamiento de la seccional actual de la obra social implica trámites reiterativos y traslados constantes. “Tengo que viajar 35 kilómetros de ida y 35 de vuelta todas las semanas para buscar bonos, algo que antes no nos pedían. Exigen cosas evitables y piden justificación sobre justificación para cualquier indicación médica”, señaló.
En ese sentido, remarcó que los tratamientos de Lisandro están indicados por profesionales de alta complejidad, como especialistas del Hospital Garrahan, por lo que considera innecesarias muchas de las exigencias burocráticas. “Si la doctora pide algo, no hace falta justificar nada”, expresó.
Además del equipamiento ya solicitado, la familia inició también el trámite para la provisión de un elevador de personas, un dispositivo que facilitaría la movilidad del niño en el hogar a medida que crece. “Lo pedimos ahora porque sabemos que la obra social demora meses en cumplir”, explicó su padre.
Otro de los puntos críticos señalados es la falta de respuesta institucional. “No contestan los mensajes, no contestan los WhatsApp, no contestan los mails. Voy personalmente y tampoco hay respuesta”, afirmó. Incluso denunció situaciones de destrato y falta de empatía: “Podés cumplir órdenes, pero tenés que ser humano. Detrás de todo esto hay una familia con un hijo con discapacidad, que necesita elementos que no podemos pagar porque realmente son cosas muy caras”.
Ante este panorama, y sin recursos suficientes para sostener el proceso judicial, la familia comenzó a organizar rifas con el objetivo de pagar los honorarios del abogado. “Sin presión legal, la obra social no responde”, remarcan.
Mientras esperan una resolución judicial que garantice los derechos de Lisandro, el caso vuelve a poner en foco las dificultades que enfrentan muchas familias para acceder a prestaciones básicas de salud, incluso cuando existen indicaciones médicas y marcos legales que las respaldan.
