España ha decidido dar un paso firme en lo que muchos expertos denominan “la protección de la salud mental de la generación alfa”. El Consejo de Ministros aprobó la Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales, que establece de forma taxativa la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años, elevando el límite que anteriormente estaba fijado en los 14.

Esta decisión no es aislada; responde a una creciente preocupación de pediatras, psicólogos y colectivos de padres ante el aumento de casos de ansiedad, trastornos de la imagen corporal y exposición a algoritmos diseñados para la retención compulsiva en edades tempranas.

Los puntos clave de la nueva ley

La normativa no solo se limita a un número, sino que establece mecanismos de control que las grandes tecnológicas deberán implementar de forma obligatoria:

• Verificación de identidad real: Las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas de verificación de edad eficaces. Ya no bastará con marcar una casilla de “soy mayor de edad”; se requerirán métodos de autenticación más robustos.
• Controles parentales de fábrica: Los dispositivos electrónicos deberán incluir por defecto sistemas de control parental de fácil activación.
• Prohibición de algoritmos de recomendación: Para los menores que sí tengan edad legal de acceso (entre 16 y 18 años), se limitará el uso de algoritmos que promuevan el consumo infinito o contenidos que puedan derivar en trastornos alimentarios o conductas autolesivas.
• Régimen de sanciones: Las empresas que no cumplan con el bloqueo de cuentas a menores de 16 años enfrentarán multas millonarias, proporcionales a su facturación global.

¿Un espejo para Argentina?

Aunque la ley es de aplicación exclusiva en territorio español, el debate ya cruza el Atlántico. En nuestro país, el acceso a las pantallas es cada vez más precoz, y las discusiones sobre la regulación de las “Big Tech” están en la agenda legislativa. La medida española funciona como un laboratorio para observar si es posible, mediante la ley, ponerle un freno a la influencia de Silicon Valley en el desarrollo cognitivo de los niños.

“No se trata de prohibir la tecnología, sino de garantizar que el ingreso al mundo digital sea maduro y supervisado”, señalaron fuentes del Ministerio de Juventud de España.