El ordenamiento urbano territorial de San Andrés de Giles fue uno de los tantos temas que dividió opiniones en el Honorable Concejo Deliberante (HCD). Durante gran parte del 2024, los ediles discutieron sobre la problemática. Esta noche, distintas ordenanzas vinculantes se aprobarán, aunque seguramente no todos estarán de acuerdo.
Para entender el tema hay que destacar que el Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT) comenzó a trabajarse activamente en 2017 en la legislatura local. Cabe destacar que el COUT fija las normas del Plan Urbanístico que se diseñó en 2001 y se trabajó durante muchos años para proyectar nuestro partido; la última modificación significativa de esta norma había sido en 2006.
La discusión sobre el COUT nunca pasó desapercibida. Desde 2017 hasta el 2019, cuando se llevaron a cabo algunas correcciones de relevancia, hubo posiciones encontradas entre oficialismo y oposición. Por aquellos años, también otros actores se sumaron al debate: un grupo de martilleros solicitó la incorporación de lotes más pequeños en áreas específicas.
Luego, la discusión continuó pero con otro marco. Se creó el Consejo Municipal para el Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020-2030 donde el Poder Ejecutivo y el HCD generaron un ámbito para discutir el futuro de la ciudad. Si bien, los primeros años estuvieron marcados por la pandemia y sus limitaciones, las autoridades se ocuparon de convocar a clubes, productores, docentes, referentes de la comunidad, medios y tantos otros actores, con el objetivo de sumar voces a la discusión.
La ordenanza que modifica el COUT tanto en 2019 como en 2022 siempre se aprobó por mayoría. Es decir, los bloques del oficialismo y la oposición superaron diferencias y encontraron acuerdos para tener la mejor legislación posible. De esta manera, el Estado local podía contar con una herramienta fundamental para planificar el crecimiento de la ciudad.
Cambio de rumbo
En las últimas semanas el COUT concentró la atención, es que solicitudes realizadas por empresas de renombre y la Sociedad Rural lo pusieron en agenda. Aunque esta vez, con una legislatura diferente donde la oposición cuenta con los votos suficientes para aprobar o desaprobar una ordenanza.
La Papelera San Andrés de Giles y Rumará S.A. solicitaron ampliar sus espacios con construcciones que no están amparadas por el COUT. En estos dos casos el municipio intercedió y comenzó a trabajar sobre posibles adecuaciones. De hecho, la voluntad del gobierno local es permitirle a las firmas continuar con sus proyectos de ampliación.
Por otro lado, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza presentaron proyectos para establecer una excepción de derecho adquirido para los productores agropecuarios y una excepción a la normativa vigente de zonificación y uso del suelo.
En resumen, el COUT en esos caso puntuales limita la expansión de empresas e industrias en diferentes zonas gilenses entendiendo que el avance de la urbanización cambia el paradigma. Si bien no prohíbe su funcionamiento, impide que estas cambien de razón social o sean vendidas como tales. Esto alertó, por ejemplo, a dueños de granjas de pollos que se encuentran cerca del casco urbano.
La Municipalidad tomó estos puntos y generó una propuesta intermedia. Si bien no se conoció públicamente, lo que propuso el Poder Ejecutivo es establecer cambios según la distancia que separa a algunos establecimientos con las zonas urbanas más pobladas. Si bien en un principio existió la posibilidad de discutir la misma, la oposición la descartó.
Desde el oficialismo apuntan a la oposición por su actitud. Destacan que los mismos que la votaron y nunca pusieron en duda estos temas, ahora y aprovechando el momento político, quieren imponer una postura sin posibilidad de debate. Así toda la responsabilidad recaerá en el intendente Miguel Gesualdi quien deberá decidir si promulga o veta dos normas que no contaron con el trabajo de los bloques y que incluso, pasaron por alto las sugerencias que el propio gobierno local realizó.
La mirada de Juan Patricio Addesso
Para conocer la mirada profesional respecto a este tema, Infociudad entrevistó a Juan Patricio Addesso, arquitecto, y uno de los idearios del Código de Ordenamiento Urbano. Desde hace muchos años, trabaja como asesor del Municipio. Para aclarar el trasfondo de este Código, le consultamos sobre el proceso que atravesó hasta aprobarse por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante y luego ser convalidado por la entonces Ministra de Gobierno provincial. Además le preguntamos su opinión sobre las recientes críticas de parte de algunos sectores de San Andrés de Giles.
Infociudad: ¿Qué es y para qué sirve el Código de Ordenamiento Urbano Territorial?
Juan Patricio Addesso: El Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) es una ordenanza con un tipo de aprobación especial que busca planificar todo el territorio del partido, tanto las áreas rurales como urbanas. En la provincia de Buenos Aires, esta forma de ordenamiento comenzó en 1979, siendo la primera experiencia de este tipo en el país. Antes había ordenanzas locales puntuales, pero no integraban todos los aspectos.
El objetivo principal es establecer una lógica sobre cómo se ocupa el suelo, regulando el tamaño de las parcelas, el tipo de edificaciones, las actividades permitidas y las infraestructuras necesarias. Este plan estratégico define pautas generales, mientras que el código establece detalles específicos, como la zonificación según usos. Hasta 2001, en Giles se usaba una zonificación básica que no contemplaba actividades, pero con la aprobación del COUT en ese año, se incorpora una ley marco.
Este proceso requiere la aprobación de la provincia bajo la ley 8.912, que establece condiciones mínimas, como el tamaño de las parcelas. Aunque los municipios tienen autonomía para planificar su territorio, deben cumplir con esta normativa.
En 2017 se inició una actualización del COUT, ya que la ciudad había creciendo hacia el oeste y se estaban agotando las áreas urbanas previstas. Este trabajo tomó tres años e involucró al Concejo Deliberante, el Ejecutivo, profesionales y actores de la comunidad para planificar el crecimiento de la ciudad de manera ordenada.
IC: ¿Qué opinás del conflicto que se desató alrededor del Código? ¿Por qué crees que ahora aparecen las críticas cuando esto ya se discutió y se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante?
JPA: Después del 2020 se hicieron modificaciones en plena pandemia, no nos veíamos, hacíamos reuniones por Meet, los expedientes físicos solo los manejaba una persona. Era todo bastante complicado, y ahí hubo un problema con algunas cartografías y algunas cosas que quedaron mal, que se modificaron apenas las detectamos. Después se firmaron los convenios con Carello y alguno más. Entonces se incorporaron esas ampliaciones también que estaban aprobadas por convenio del Concejo. Eso se terminó de convalidar ahora, el 20 de agosto. Pero son dos, en el 2022 se da la última ordenanza que modificó el código.
Ahora se habla del conflicto con las prexistencias, que incluso me tocó cuando yo empecé en el 2008 a ser director resolver estos mismos problemas. Porque el código del 2001 ya generaba una restricción en torno a las localidades, de tres kilómetros, por ejemplo. Todas las granjas que están alrededor de Cucullu desde el 2001 que tienen problemas. O sea, que ya están fuera de zona, no es algo nuevo.
Hay toda una confusión con eso, donde se mezcla la política partidaria. Pero bueno, entiendo que la lucha por el poder mezcla cosas, y es parte de la realidad que vivimos. Entiendo que también hay una cuestión de época que está muy rara la lucha del poder. Hay como un nivel de agresividad personal con todo.
Actualmente soy un asesor, no soy funcionario, hace muchos años que ya no soy funcionario. Desde el 2012 entro y salgo como asesor según me necesitan, pero en realidad nunca dejé de trabajar pensando, haciendo relevamiento, investigación, porque es mi pasión y mi formación también, yo doy clases de esto en la Facultad.
Cuando me entero de este conflicto actual que fue escalonando y no se resolvía, ahí empezamos a pensar cómo trabajarlo y notamos que no estaba formado el nuevo Concejo Municipal de Desarrollo, dentro del Concejo Deliberante, desde que asumió el nuevo presidente. Al poco tiempo que asume, se formó el Concejo Municipal de Desarrollo, pero para seguir discutiendo galpones de pollos y no es el objetivo fundamental de eso, sino que es, pensar el plan, pensar las modificaciones, obviamente debatir todos los conflictos que hay, pero estas cosas no se pueden trabajar viendo el caso particular de una persona, se tiene que trabajar viendo la integralidad del problema.
Luego que se formó este Concejo de Desarrollo, aprovechamos y se realizaron cuatro reuniones públicas para informar el plan, a la asistió una movilización generada por la Sociedad Rural y algunos sectores políticos también, discutiendo casos personales.
La planificación debe preservar el espíritu del código y el plan, que busca mantener a Giles como un área rural, aunque definir “campo” puede ser ambiguo. Giles tiene que seguir siendo campo, pero, ¿qué es el campo?. Cuando queremos nos acordamos del ambiente, y cuando no queremos no. Hoy, de hecho, nuestro país está en un momento crítico de la mirada ambiental. Negacionista totalmente. La mirada ambiental no solo trata de contaminantes, sino de paisajes y otros aspectos complejos. Las transformaciones deben ser graduales, con restricciones que equilibren las necesidades productivas y el desarrollo sostenible.
El concepto de “derechos adquiridos” es problemático porque puede invalidar el ordenamiento territorial. El código establece preexistencias con limitaciones claras: no ampliar, modificar edificaciones ni cambiar la razón social, para evitar la eternidad de actividades incompatibles con el entorno. Las nuevas reglamentaciones incluyen otorgar preexistencias según la ubicación y el impacto en áreas urbanas, brindando previsibilidad a los productores, pero limitando actividades futuras si el entorno cambia.
El debate sobre planificación enfrenta posturas que cuestionan si deben seguir existiendo regulaciones o dejar todo al mercado. Casos como el de Rumará reflejan errores en la implementación del código. Este tipo de industrias (2 y 3) fueron eliminadas del plan, pero se podría haber permitido con aprobaciones específicas, algo que deberá ajustarse en futuras modificaciones. Algunas decisiones deben abordarse desde la gestión, no desde el código, garantizando flexibilidad y acompañamiento según cada caso.
Por ejemplo, la ampliación de la Papelera que es otro gran tema incluye una parte de logística y depósito, que aunque parezca distinta, sigue siendo parte del proceso industrial. El problema es que en el lugar donde se pretende hacer no está permitido por el Código Urbano, además de que tendría un fuerte impacto ambiental y paisajístico. Esta zona, desde 2001, está planificada para preservación ambiental, nuevos barrios y espacios públicos, como el Paseo de la Cañada. Por eso, no se puede ignorar el valor del paisaje y el entorno.
La Papelera ya ha generado conflictos ambientales en el pasado, como la contaminación del arroyo, aunque ahora ha mejorado tecnológicamente. Aún así, las calles de esa zona son urbanas, no están preparadas para tránsito pesado ni para una ampliación de este tipo. Además, el distrito industrial fue condicionado en 2020 para limitar estas expansiones, algo que no es nuevo.
Creo que el Estado debería estar pensando en cómo trasladar la logística a un área más adecuada, cerca de la autopista, con accesos más simples y menos impacto en la comunidad. Entiendo que esto implica costos, pero como municipio debemos priorizar el bienestar general.
También es importante recordar que en Giles nunca se otorgaron excepciones al Código Urbano. Esto responde a una tradición de planificación igualitaria, donde no se generan beneficios individuales. Hacer una excepción rompería esa tradición y podría generar conflictos a futuro. Si permitimos esto, ¿qué límite ponemos para las próximas solicitudes? Es una decisión que afecta a toda la sociedad.
