“El aire se corta con tijera” repiten quienes caminan los pasillos a diario del Honorable Concejo Deliberante. Unión por la Patria (UxP) de un lado, La Libertad Avanza (LLA) y Juntos por el Cambio (JxC) por el otro. Sin puntos de encuentro y posibilidad de diálogo, cualquier proyecto o tema en cuestión que llega al recinto es un problema.

En estos días, los ediles comenzaron a tratar la ordenanza fiscal impositiva, herramienta clave para el financiamiento de la Municipalidad. Y este tema, que atraviesa la vida de la comunidad, no pudo salir del enredo partidario que se propone. Mientras más se discute, más lejos están las posiciones de todos.

Un comienzo con delay y un antecedente poco alentador

Primero hay que entender de qué se trata, la ordenanza fiscal impositiva es quien regula las obligaciones y derechos de los contribuyentes y de la Municipalidad en todo lo referido a la determinación y cobro de tributos. Determina para cada tributo en particular, el hecho imponible, el sujeto obligado al pago y la base imponible.

El primer punto a tener en cuenta es que esta Municipalidad funciona con la fiscal impositiva del 2022. La actual gestión decidió no enviar una actualización en el período anterior provocando un atraso considerable durante los años de mayor inflación de las últimas décadas. En ese entonces, el oficialismo tenía mayoría en las bancas del HCD.

Sin embargo, a comienzos de 2024 solicitó actualizar las tasas por decreto un 50%, herramienta con la que cuenta desde hace algunos años. La oposición, estrenando su nueva mayoría, decidió rechazarlo. Ese fue el primer foco de conflicto con impacto real en el funcionamiento de la Municipalidad. Antes se habían cruzado por la presidencia de la legislatura.

La propuesta

El intendente Miguel Gesualdi envió la ordenanza fiscal impositiva en marzo pasado, luego del tratamiento de sus equipos técnicos. La propuesta elimina algunas existentes y actualiza otras que habían quedado muy atrasadas. Incluso plantea una diferenciación más acorde entre familias y comercios o empresas.

Un servicio que en la propuesta tendría un incremento notorio sería el del agua corriente, que rondaría los $1.800 mensuales. Otro ejemplo, indica que por los servicios urbanos una familia de la zona céntrica pasaría de pagar $5.180 a $7.550 mensuales (el tributo se cobra por bimestre).

Lo más destacado de la nueva fiscal, es la implementación de la tasa vial que se aplicaría sobre los combustibles en un 1%. Es decir, por cada tanque lleno de combustible, cada usuario que cargue en estaciones locales aportaría $400 aproximadamente para las cuentas municipales.

Este tipo de tributos ya se aplican en diversas ciudades como Pilar, Vicente López, San Isidro, Almirante Brown, entre otros. Incluso, el primero que intentó aplicarla en CABA fue el propio Mauricio Macri.

Otra tasa que se aplicaría sería un ingreso por servicios asistenciales. Esta se cobraría a toda persona no residente de San Andrés de Giles que utilice un Centro de Atención Primaria o el Hospital San Andrés. En ese caso responderían las prepagas, aseguradoras y demás por el nomenclador nacional de prestaciones médicas y sanatoriales.  

La mirada de la oposición

Los concejales de JxC y LLA consideran que llevan a cabo el tratamiento del mismo con “precaución”. Para los ediles de UxP es una estrategia de “dilatación”. El oficialismo cree que la ausencia de una “contrapropuesta” tiene como fin el vencimiento de la nómina de mayores contribuyentes -que sería en mayo-; y así, el tratamiento de la fiscal en cuestión recién sería en julio de este año aproximadamente.

Incluso, en notas radiales, los ediles Juan Marano y Sabrina Mosca de JxC se mostraron reacios a la tasa vial del 1%, entre otras cosas, alegando una posible ilegalidad y que resulta injusta para viajeros. Este tributo, según estiman desde el oficialismo, podría generar ingresos suficientes para cambiar la matriz recaudatoria del municipio.

Luego de varias reuniones de comisiones, la oposición pidió informes a asesores de la legislatura, del municipio e incluso a tribunales provinciales. Es decir, el tratamiento del mismo se posterga.

La realidad que se impone

Dilatar la discusión fiscal es, por lo menos, cuestionable. Tras períodos inflacionarios, la reciente liberación de tarifas y la decisión del Gobierno Nacional de cortar los recursos económicos que rigen por ley a las provincias y, por ende, a los gobiernos locales; la situación gilense podría entrar en crisis.

Para tomar dimensión del problema, la recaudación de San Andrés de Giles es tan baja que con recursos propios solo se podría pagar sueldos de un mes a trabajadores municipales. Hoy el futuro de nuestra ciudad estaría atado más que nunca a una coparticipación que tampoco es segura ante el nuevo modelo de Gobierno que implementa la administración nacional.

Desde el municipio, no hay dudas que a este ritmo se complicaría, por ejemplo, la compra de insumos básicos para el Hospital Municipal. A esto se le suma el financiamiento de talleres y hasta la discusión paritaria.

El nuevo HCD, que comenzó el año aumentando el sueldo de los asesores tras la alianza de LLA y JxC, ahora pone la pelota bajo la suela y pide tiempo. Justo ahora cuando los Estados locales hacen malabares para subsistir.