Gremios docentes, estatales, judiciales y médicos de la provincia de Buenos Aires realizaron protestas en las oficinas de la ANSES de distintos municipios. En San Andrés de Giles los gremios también se sumaron a reclamar. Le exigen al Gobierno Nacional el pago de una deuda de más de 2 billones de pesos con la caja de jubilaciones de la provincia de Buenos Aires, específicamente con el Instituto de Previsión Social (IPS).
La acción fue motorizada por los gremios docentes SUTEBA, UDOCBA, FEB y AMET; además de los médicos de CICOP; los judiciales de la AJB; los estatales nucleados en ATE; y las dos CTA. En las puertas de las oficinas de ANSES, iniciaron una junta de firmas para un petitorio que exige al gobierno de Javier Milei la devolución de los fondos retenidos.
El reclamo en San Andrés de Giles
Si bien la medida tuvo carácter provincial, San Andrés de Giles tuvo su propio acto de reclamo a nivel local. Representantes de varios gremios se acercaron a la oficina local de ANSES para presentar el petitorio. De la acción participaron representantes de SUTEBA, ATE, FEB y AMET, de los cuales tres son gremios docentes y uno de trabajadores estatales.
En el documento que se difundió a nivel provincial, los docentes bonaerenses exigen “el cumplimiento de la ley” por parte del Gobierno Nacional y ANSES, denunciando que desde diciembre de 2023 se ha omitido deliberadamente la transferencia de un total de 22 billones de pesos, de los cuales el 10% corresponde a fondos para el Sistema Previsional de la provincia de Buenos Aires.
Además, advierten que “el ahogo financiero al que someten a nuestro sistema jubilatorio hunde en déficit al IPS” y que la intención sería “obligar a modificar las condiciones de la jubilación y adueñarse de la totalidad de los fondos de nuestra Caja”, poniendo en riesgo tanto a los actuales como a los futuros jubilados y jubiladas del IPS.
Los docentes sumaron también el reclamo por el recorte del pago del Fondo de Incentivo Docente (FONID), que representa entre 120 mil y 240 mil pesos menos en el salario, según el cargo.
Demanda judicial y avances en la Corte
Por otro lado, de las ocho demandas que la Provincia de Buenos Aires presentó ante la Corte Suprema de Justicia por deudas y recortes en diferentes sectores, solo la que tiene que ver con los fondos de ANSES al IPS tuvo un avance.
En marzo, la Secretaría de Juicios Originarios convocó a una audiencia entre las partes. Asistieron el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el Fiscal de Estado, Hernán Gómez; el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; y la titular del IPS, Marina Moretti. En representación de ANSES asistió su secretario Legal y Técnico, Andrés María Gutiérrez. En esa instancia se abrió una nueva ventana para el intercambio de información, con fecha límite hasta el 21 de abril.
Según la demanda provincial, las deudas corresponden a anticipos recibidos y adeudados por la Nación; actualización de los anticipos 2023 (recibidos con base 2018); fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020); y diferencias entre el déficit de caja no transferida y los anticipos sin actualizar correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
En la presentación, el Fiscal de Estado remarcó la competencia de la Corte en el tema, dado que fue este tribunal el que confirmó el año pasado esa misma competencia en casos similares que involucraron a Santa Fe, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras.
El recorte de esas transferencias se hizo efectivo a partir de la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280 que firmó el presidente Javier Milei en marzo de 2024, cuya constitucionalidad es cuestionada por la Provincia, que argumenta en la demanda que posee “una orfandad de fundamentos” en sus considerandos.
Los gremios, mientras tanto, esperan hace más de un año la intervención de la Corte Suprema de la Nación, ya que la falta de respuestas de ANSES obligó al Gobierno Provincial a judicializar el reclamo.
