El sábado 18 de julio, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires despublicó de su portal oficial cientos de actas de infracción por supuestos excesos de velocidad registrados por el radar ubicado en el acceso a Jauregui, Luján, sobre la Avenida 25 de Mayo.
La catarata de fotomultas, generadas a fines de junio y comienzos de julio, había desatado una fuerte preocupación y bronca generalizada. Al ingresar al sistema de infracciones bonaerense, muchos vecinos se encontraron con la sorpresa de que adeudaban montos que, en algunos casos, llegaban hasta los seis millones de pesos, superando incluso el valor de sus propios vehículos.
El principal reclamo de los damnificados apuntó a la imposibilidad de afrontar las elevadas cifras que superaban los 332.000 pesos (sin el descuento por pago voluntario), por circular a más de 40 kilómetros por hora en un trayecto utilizado a diario para llevar a los chicos a la escuela o asistir a las fábricas del pueblo. Además, denunciaron la falta de una señalización adecuada.
Ante la escalada del conflicto y la incertidumbre de los vecinos y vecinas, el intendente de Luján, Leonardo Boto había remarcado: «Hay una cámara que tenía problemas, que generó un montón de infracciones atípicas. Claramente estaba funcionando mal«.
Tras las quejas, el intendente de Luján Leo Botto pidió paciencia a los vecinos que habían llevado sus reclamos al Juzgado de Faltas de Luján sin obtener respuestas. Finalmente, tras distintas gestiones, se resolvió el problema. Las actas ya fueron eliminadas del portal oficial y la cámara fue retirada del lugar.
Fuente: Ladransanchoweb.com.ar
Quejas por las fotomultas en San Andrés de Giles
Tras las quejas de varios vecinos de San Andrés de Giles por las fotomultas del radar de la Avenida Scully, el bloque del PRO llevó la discusión al Honorable Concejo Deliberante local en mayo. Se decidió por unanimidad que se suspenda por 180 días del sistema de control de velocidad implementado para que se investigue por presuntas irregularidades. Los principales reclamos vecinales apuntan a la falta de notificación de las multas, ya que se enteran que deben altas sumas (algunas millonarias) cuando van a renovar la licencia de conducir. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo no se promulgó esa suspensión y el tema quedó en nada.
La concejal Mercedes Condesse, del Bloque PRO, fue contundente al exponer en mayo que el sistema recaudó más de 70 millones de pesos en 2025 solo por multas de la ley provincial, a los que se suman 29 millones por ordenanzas municipales. Pero el punto más crítico, según la edil, es que el propio juez de faltas de San Andrés de Giles manifestó desconocer las tareas que asumía en el convenio y no recibió capacitación alguna. A esto se suman las observaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que ya aplicó sanciones económicas al intendente y a otros funcionarios por la falta de controles adecuados sobre el sistema, así como el cuestionamiento a la participación de la Universidad Nacional de San Martín y una empresa tercerizada llamada Tránsito Seguro, sin que se pudiera acreditar debidamente el mecanismo de contratación.
El caso de San Andrés de Giles se suma así a otros reclamos similares en la provincia, como el ocurrido en Jauregui, donde el intendente Leo Botto reconoció el mal funcionamiento del radar y el Ministerio de Transporte bonaerense dio de baja cientos de multas, configurando un antecedente cercano para los vecinos de San Andrés de Giles.
