En San Andrés de Giles el alumbrado público se paga con las facturas de luz. Cada usuario abona por el servicio en domicilios particulares el 15% de la factura, los comercios el 9% y las industrias el 8%. A diferencia de otras, esta tasa tiene el 100% de cobrabilidad (nadie puede abonar su servicio excluyendo este arancel). Hasta aquí todo parece estar en orden.
La polémica recae en el modo de aplicación. Es decir, todos los vecinos de la ciudad pagan el mismo porcentaje, pero el servicio es muy distinto de acuerdo la zona que habitemos. La prestación varía. En el centro existe un mayor número de luminarias por cuadra, además de bolas y/o farolas. A medida que avanzamos hacia los barrios periféricos hay menos alumbrado reduciéndose a una luz por esquina.
El crecimiento de la planta urbana provocó a su vez que este servicio sea cada vez más dispar. En los nuevos barrios que se construyeron las luminarias instaladas son las mínimas e indispensables para garantizar su accesibilidad, mientras que en otros pasan los años y la iluminación no se modifica. Más allá de la injusticia del impuesto, la situación es compleja también pensando en la seguridad de aquellas “oscuras” zonas de la ciudad.
