Bajo la premisa de la “atracción de inversiones” y la desregulación económica, el proyecto del Gobierno Nacional encabezado por Javier MIlei pone en la mira a la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011. Aquella norma, nacida para resguardar el recurso estratégico más valioso de la Argentina, fijaba un tope claro: ningún titular o persona física o jurídica extranjera podía poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, con restricciones aún más estrictas para las zonas de frontera y las adyacentes a fuentes de agua dulce.
La reforma impulsada por la actual gestión busca barrer con estos pisos de protección, abriendo la puerta a un proceso de concentración y extranjerización sin precedentes en la historia reciente. La Argentina, en caso de aprobarse, entra en un camino de remate de sus recursos y soberanía.
El Gobierno de Milei propone eliminar el tope del 15% a la propiedad extranjera sobre suelo rural, permitiendo que fondos de inversión e inversionistas individuales adquieran hectáreas sin ningún tipo de cupo o regulación federal. También, al flexibilizar los controles de la autoridad de aplicación, las tierras linderas a ríos, lagos, glaciares y acuíferos continentales —así como las zonas de seguridad fronteriza— quedan expuestas a la compra por parte de capitales transnacionales, comprometiendo la seguridad nacional y el acceso soberano al agua.
La normativa original impide que una misma persona o empresa extranjera tuviera más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo productiva (o su equivalente en otras provincias). La nueva propuesta desmantela estas escalas, habilitando la consolidación de megagrandas y latifundios.
Y como si fuera poco, se debilita el Registro Nacional de Tierras Rurales, restándole facultades de fiscalización y cruzamiento de datos entre Nación y provincias, lo que dificulta saber a ciencia cierta quiénes son los verdaderos dueños del suelo argentino.
A la par de la extranjerización del suelo, el paquete de reformas aborda una de las problemáticas más dolorosas que afectaron a nuestro país en los últimos años: el fuego sobre zonas protegidas y humedales. La propuesta oficial apunta a modificar de raíz la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones que hoy impiden cambiar el uso del suelo en tierras arrasadas por incendios intencionales o accidentales.
Hasta ahora, la legislación prohibía explícitamente vender, lotear o destinarlas a emprendimientos inmobiliarios o agrícolas por un plazo de entre 30 y 60 años tras un incendio. La derogación de esta salvaguarda reabre una puerta peligrosísima: que el fuego vuelva a utilizarse como una herramienta especulativa para “limpiar” campos, humedales y montes nativos, permitiendo que tierras quemadas pasen en poco tiempo a manos de proyectos privados o desarrollos financieros.
La combinación entre la venta ilimitada a capitales extranjeros y la quita de frenos a las quemas intencionales configura una amenaza directa para la biodiversidad, el equilibrio ecológico y la producción sustentable. Ya no se trata solo de quién es el dueño del mapa, sino de qué salud ambiental le quedará a las comunidades que viven y producen en la región.
Las consecuencias de esta desregulación ya son conocidas: encarecimiento del valor de la tierra en dólares, expulsión de pequeños y medianos productores, concentración de la renta agrícola-ganadera y una amenaza directa sobre los bienes comunes naturales.
Ante la inminencia del debate legislativo y la gravedad del impacto territorial, una amplia red de organizaciones agrarias, federaciones de la agricultura familiar, sindicatos, referentes de la ciencia y colectivos ambientalistas han convocado a una jornada nacional de protesta y movilización para este jueves 6 de agosto.
La concentración principal se llevará a cabo frente al Congreso de la Nación, con réplicas, ruidazos y asambleas abiertas en las principales plazas de las provincias y municipios del interior. La consigna es clara y unitaria: detener el desguace de las leyes de protección nacional y exigir que la tierra siga siendo un instrumento de desarrollo soberano para quienes la trabajan y la habitan.
La tierra no es simplemente una suma de hectáreas mensurables en balances de inversión. Entregar la propiedad de nuestro suelo al mejor postor extranjero no es modernizar el país: es vaciarlo de destino. Cada hectaria que se extranjeriza sin control es un pedazo de patria que deja de pertenecer al trabajo argentino, a los jóvenes que sueñan con quedarse en sus pueblos y a las futuras generaciones que tienen derecho a habitarla.
Este jueves no se debate solo una ley técnica o fiscal en un recinto; se debate la dignidad de nuestro territorio. Defender lo nuestro es un mandato histórico y una obligación moral con nuestra propia tierra. Porque la patria no se vende: se cuida, se cultiva y se defiende.
