El presidente Javier Milei envió a la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, en la que pide al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. En el texto, que contiene una serie de iniciativas contempladas en el DNU que firmó la semana pasada, fija que el plazo para la emergencia podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.
A lo largo del proyecto se establecen reformas impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes jubilatorios, y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras medidas.
Las medidas más relevantes que propone Milei
–Artículo 3º: Suma del poder público. Declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto le atribuye a Javier Milei facultades del Congreso hasta el final de su mandato. “Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.”
–Artículo 106. Jubilaciones a discreción: El proyecto de Ley Ómnibus propone la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria. El Poder Ejecutivo decidirá una nueva modalidad para el cálculo de los reajustes periódicos y automáticos, con prioridad “para los beneficiarios de más bajos ingresos”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. Hasta que no se sancione un nuevo mecanismo de movilidad automática que reemplace al actual, los aumentos serán inciertos y quedarán a criterio del Gobierno.
–Artículo 194. Estado de sitio: El proyecto de ley que Milei envió al Congreso castiga con hasta tres años y medio de cárcel a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere” el tránsito: además, se debe informar de “toda reunión o manifestación” al ministerio de Seguridad. La norma propuesta criminaliza a los movimientos sociales, a organizadores, quita derechos políticos y hasta afirma el absurdo de que una reunión de tres o más personas en un espacio público es una manifestación que debe pedir permiso al Ministerio de Seguridad.
El artículo 331 de la Ley ómnibus dice que se considera “reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de 3 o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente”, que paradójicamente no son reconocidos como derechos. Además dice que hay que notificar al Ministerio de Seguridad la reunión con al menos 48 horas de antelación, las características, ubicación, duración y nombre de los organizadores. La cartera puede “oponerse”. Menciona las marchas espontáneas, pero igual dice que tienen que tener permiso, algo irrealizable. “Con todo esto, lo único que hacen es darle discrecionalidad al gobierno para reprimir y perseguir. De más está decir que la policía no va a controlar a todos los grupos de tres personas que caminan por la calle. Pero es una carta blanca para ir a buscar en cualquier momento a quienes se considere ‘molestos’ y disciplinarlos. Caminar de a tres, para algunos, será ponerse en peligro de que ser reprimidos por el estado”, dice el abogado y profesor de derecho penal (Universidad Di Tella) Marcos Aldazabal.
–Educación: Las universidades estatales quedarían habilitadas para arancelar los estudios a los extranjeros. “Se impulsan cambios en el sistema educativo, con un examen integrador al finalizar la educación secundaria, y la posibilidad que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos, y de cómo estas y las de su colegio comparan con las del resto del país. Se permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo y se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior. Finalmente, respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”.
–Anexo I. Saqueo al patrimonio nacional: 41 empresas estatales quedarían “sujetas a privatización”. Entre ellas, están Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, AySA e YPF.
– Importaciones liberadas contra la industria nacional. Se eliminará la franquicia de 500 dólares para objetos traídos del exterior.
–Artículo 48 bis: Espectáculos: El proyecto de ley de Milei permite la reventa de entradas para espectáculos deportivos. “Las entradas deportivas pueden ser revendidas sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación. El encargado de ventas de entradas no podrá imponer restricciones a dicha reventa. En los casos de entradas nominativas el encargado de ventas de entradas deberá permitir la reventa a través de un mecanismo electrónico. Para las ventas a través de dicho sistema las entidades deportivas podrán cobrar una comisión que no supere el 5% del precio acordado, pero no podrá limitar sus precios”.
Una por una, las medidas económicas
Combustibles
El proyecto contempla que el Estado no podrá tener control sobre los precios, aunque en el caso de empresas estatales éstas podrán vender únicamente a valores que sean similares a los internacionales. En la práctica, la desregulación de los precios y la presión para que haya valores acordes a los niveles internacionales, va a llevar a que se produzcan fuertes aumentos de precios en las bocas de expendio de YPF y, por lo tanto, también de sus competidores.
Tarifas
Lo que se busca es liberar los precios de la luz y el gas, acelerar inversiones y fomentar el desarrollo de infraestructura privada. En enero, de todos modos, comenzarán las audiencias públicas para comenzar con los aumentos en ambos servicios. Al igual que en los combustibles, el cambio conducirá a aumentos sustanciales en las tarifas de luz y gas.
Moratoria impositiva
El artículo 113 del proyecto plantea la creación de una moratoria de deudas tributarias, que llevará como nombre “Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social”. Incluirá obligaciones impositivas vencidas hasta el 30 de noviembre pasado, aunque quedarán excluidas deudas por ART, aportes y contribuciones a obras sociales, seguros de vida obligatorios y aportes a personal de casas particulares, entre otros. Las personas y empresas deudoras podrán pagar una parte de su deuda (entre el 15% y el 30% y financiar el resto en períodos de entre 36 y 84 meses.
Blanqueo
Dentro del proyecto está incluido unblanqueo de capitales para activos en el país y en el exterior. Habrá tres etapas para ingresar; mientras más temprano sea la adhesión, menor será la alícuota que habrá que pagar por penalidad (la tasa irá de 5 a 15 por ciento). De aplicarse esta medida, ingresarán al sistema formal dólares, inmuebles, criptomonedas, vehículos, acciones, bonos y otros bienes tangibles e intangibles que hoy no forman parte del circuito registrado y no pagan impuestos.
Baja de Bienes Personales
Habrá una baja general de alícuotas para Bienes Personales en los próximos años. Las tasas, que hoy van desde 0,50% a 1,50%, pasarían a ser en 2024 de 0,50% y 1,30%; en 2025 de 0,50% y 1,10%; en 2026 de entre 0,50% y 1% y, en 2027, quedarían solo una alícuota única de 0,50 por ciento. La baja de las alícuotas mejorará el poder adquisitivo de los contribuyentes y fomentará el blanqueo de bienes no declarados.
Blanqueo laboral
La “Ley Ómnibus” contempla un programa de incentivo al blanqueo de trabajadores. Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley, accediendo a una serie de beneficios, como la condonación de multas y sanciones. Se espera que la medida tenga un impacto directo en el mercado laboral y provoque una baja significativa de los niveles de informalidad. La medida se complementa con la flexibilización impulsada a través del DNU que se publicó la semana pasada.
Pasajes de micro y avión
El proyecto de ley anula la posibilidad de que la Secretaría de Turismo de la Nación fije las tarifas y precios de los servicios que se prestan en todo lo referido al turismo social y recreativo en las unidades turísticas a su cargo. La liberación de los precios puede traducirse en aumentos fuertes en los precios de los pasajes de larga distancia y en los valores de los boletos de transporte aéreo. También puede provocar subas en el sector hotelero.
Retenciones a las exportaciones
El megaproyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso de la Nación fijó en 15% la tasa de retención para la mayoría de las exportaciones, exceptuando a algunas economías regionales y al sector sojero, que pagará una alícuota del 33%. El objetivo de la medida es generar una mayor recaudación de dólares para abastecer las reservas del Banco Central. El éxito de la medida determinará si eso ocurre o no.
