La sesión de anoche del Honorable Concejo Deliberante comenzó con la lectura de la correspondencia recibida (Ver nota). Entre las notas de vecinas y vecinos, llegó también correspondencia por parte del Departamento Ejecutivo, más precisamente la comunicación que daba cuenta sobre el incremento de las tasas municipales.
Si bien el tema se viralizó la semana pasada, en la sesión del HCD cobró valor político. El intendente Miguel Gesualdi envió el Decreto N° 1.287 mediante el cual se “establece un incremento del 16,8%, en los valores establecidos en la ordenanza impositiva N° 2.787 del año 2026, aplicable a partir del 1° de agosto de 2026. En virtud de lo establecido en el artículo N° 68 de la citada ordenanza, cumplimos en remitir el citado acto administrativo”.
La actualización de tasas por decreto es una herramienta que Gesualdi consiguió a partir de la mayoría lograda en el HCD el año pasado, tras las elecciones legislativas. Además de la tasa vial y el considerable aumento de las ya establecidas, el jefe comunal logró este artículo que le permite aumentar trimestralmente las tasas según el IPC del INDEC.
Hasta acá nada es novedad. Sin embargo, la manera en que el Departamento Ejecutivo implementó la actualización es lo que se puso en duda. En marzo de este año, Gesualdi anunció en sus propias redes y en medios de comunicación que no aplicaría el incremento de tasas correspondiente al primer trimestre. Pero como “todo cambia”, el intendente decidió aplicar ese porcentaje junto al del segundo trimestre llegando así al 16,8%. Esos primeros tres meses -que había dicho que no aplicaría- representan el 9,4% del total.
Esta manera de efectivizar el aumento es lo que el PRO puso en duda en la última sesión. Mercedes Condesse (PRO) tomó la palabra y expresó: “El artículo N° 68 le otorga una facultad, pero ojo, no es una facultad ilimitada, porque el propio artículo establece un mecanismo determinado y habla de actualizaciones trimestrales y toma como referencia los trimestres calendarios y además identifica de manera expresa los meses en los cuales esa actualización debe instrumentarse”.
La edil destacó que en la interpretación de su bloque es distinta a la que hace el Departamento Ejecutivo: “El decreto que hoy estamos conociendo no habla de una actualización correspondiente a un trimestre. El propio decreto habla de una evaluación acumulada del 16,8%. Y es aquí donde para nosotros está la gran duda jurídica”.
Y agregó: “Nosotros si aceptamos sin ningún tipo de análisis cualquier interpretación que haga el Ejecutivo sobre una facultad otorgada implica vaciar la misma función o la función más importante que tenemos como órgano del Estado, que es la función de control y ni qué hablar que es la principal función que tiene asignada la oposición”.
Por último, la concejal manifestó: “Este decreto tiene un impacto directo sobre cada contribuyente, cada vecino de nuestra ciudad y los vecinos si hay algo que tienen derecho es que las normas que tengan que cumplir tengan el verdadero asidero y el verdadero andamiaje y el verdadero respaldo legal que tienen que dar”.
Según trascendió en medios radiales, el modo en que se aplicó el decreto generó dudas incluso en algunos concejales de máxima confianza del intendente que, justamente, le habrían manifestado una posición más parecida a la de Condesse. En la sesión, esa disconformidad no se hizo pública.
