En el listado de peajes que se privatizarán en el marco del avance del gobierno de Javier Milei sobre Corredores Viales, figura la Estación del Peaje Villa Espil. Allí trabajan actualmente muchos vecinos de San Andrés de Giles, quienes viven tiempos de incertidumbre ya que no se sabe qué pasará con su situación laboral. Cabe destacar que los empleados de peaje tienen el sueldo congelado desde fines del 2024.
Esta semana se abrieron los sobres para licitar los peajes de varios tramos de rutas argentinas, incluyendo la Ruta 7 y el Peaje Villa Espil. El gobierno nacional sigue adelante con las privatizaciones de Corredores Viales y avanzó en un esquema para privatizar las rutas, del que este lunes se conoció un nuevo capítulo con la apertura de sobres para licitar 2.500 kilómetros.
Se trata de las rutas nacionales 7 y 35 (Buenos Aires hasta Córdoba y San Luis, y trayectos dentro de Córdoba); 8, 36, 193 y A-0059 (Buenos Aires hasta Córdoba y San Luis); 9, 33 y A-008 (Buenos Aires hasta Santa Fe); y 188 (Buenos Aires hasta La Pampa). Para los cuatro tramos, hubo 41 ofertas de 17 competidores, entre los cuales aparecieron pesos pesados y empresas vinculadas a la causa Cuadernos.
Es importante destacar que se presentaron los pliegos, pero a diferencia de otras privatizaciones no aparece ninguna obligación para con los trabajadores. En otras ocasiones estaba garantizada la continuidad laboral y el reconocimiento de la antigüedad. Los pliegos son las obligaciones que tiene el privado que se presenta para hacerse cargo del peaje.
Las mismas empresas implicadas en casos de corrupción vuelven a presentarse
Entre las firmas que se presentaron figura Autovía Construcciones y Servicios (ACS), vinculada al grupo de la familia Cartellone, uno de los conglomerados históricos de infraestructura del país y mencionado en expedientes relacionados con la causa Cuadernos.
También presentó oferta José J. Chediack, empresa ligada al empresario José Chediack, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y uno de los empresarios alcanzados por investigaciones derivadas del expediente judicial sobre presuntos pagos ilegales en la obra pública.
Otro de los grupos participantes fue Roggio, histórico actor del negocio de infraestructura y transporte, cuyos directivos también quedaron involucrados en actuaciones vinculadas a la investigación judicial iniciada a partir de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno.
En la nómina de oferentes aparece además Panedile, propiedad del empresario Hugo Dragonetti, así como Rovella Carranza, ambas constructoras con amplia trayectoria en contratos de obra pública. Asimismo, compite CPC, firma perteneciente al Grupo Indalo del empresario Cristóbal López, que tuvo fuerte expansión en obras viales, energéticas y civiles durante los gobiernos kirchneristas.
Las ofertas fueron presentadas en dos sobres: uno técnico, referido a antecedentes y capacidad operativa de los oferentes, y otro económico, donde eventualmente deberán detallar la tarifa de peaje propuesta para cada corredor.
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el avance del esquema y sostuvo que el Gobierno busca “reemplazar gasto público por inversión privada”, mientras que el vocero presidencial Manuel Adorni había señalado al anunciar la privatización de Corredores Viales que “se terminó la patria contratista”. El oficialismo prevé licitar unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales durante 2026 bajo el nuevo modelo de concesiones privadas.
AUBASA anunció que impugnará su exclusión
En tanto, AUBASA, la operadora de autopistas del gobierno bonaerense, anunció que presentará una impugnación por la “exclusión arbitraria” de la licitación. La empresa a cargo de la gestión de Axel Kicillof denunció en un comunicado “graves irregularidades e inconsistencias jurídicas y técnicas” en el dictamen de precalificación que recomienda la desestimación de su oferta de este proceso licitatorio.
