Cuando me ofrecieron escribir estas líneas no titubeé en aceptar. Historia y memoria son dos terrenos en permanente disputa, razón por la cual quienes creemos que tenemos algo que decir estamos obligados a dar siempre el presente. En especial para transmitir a las nuevas generaciones -nacidas durante la democracia, en su mayoría- los horrores de la dictadura que asoló al país a partir del 24 de marzo de 1976. Se trata de una pacífica batalla a la que nunca podremos renunciar.
No todos los que condenamos a la dictadura de manera categórica pensamos exactamente del mismo modo. Sin embargo, existen puntos de acuerdo que con el paso de las décadas se tornaron inconmovibles. Somos una parte del cuerpo social proveniente de diversos orígenes ideológicos, políticos, sociales, religiosos y culturales, quienes sostenemos de manera inalterable que los secuestros, las torturas, las ejecuciones, el robo de recién nacidos y la desaparición de los cuerpos, violaciones a los derechos humanos que -sistemáticamente organizados desde el poder gubernamental- constituyen terrorismo de Estado y, por consiguiente, son crímenes de lesa humanidad. Es decir, no prescribirán nunca.
Quienes defienden a la dictadura sostienen la teoría de la memoria completa preguntando con aire de naturalidad: ¿Pero entonces, solo a los militares debe juzgárselos?, ¿por qué no a los guerrilleros que también secuestraron y mataron? Y claro que merecieron un juzgamiento. De hecho, quienes debieron llevarlos ante la justicia (otorgándoles el mismo derecho a defensa que ellos tuvieron una vez caída la dictadura) fueron los propios jefes militares que optaron por la vía del exterminio. La guerrilla cometió crímenes, sin duda. Pero los familiares de sus víctimas tuvieron una justicia ante la cual denunciar, fuerzas de seguridad que investigaran y les dieran respuestas. También tuvieron un cuerpo al que darle el último adiós.
El dictador Jorge Rafael Videla dijo un 13 de diciembre de 1979: “… es una incógnita el desaparecido… No está ni muerto ni vivo, está desaparecido”. ¿Ante quién podían denunciar los familiares de los desaparecidos si los que debían recibir e investigar sus denuncias eran los responsables directos de las desapariciones? ¿Cuántos jueces recibieron el pedido de Habeas Corpus que propicia la protección inmediata de la libertad física de una persona frente a actos arbitrarios o ilegales de la autoridad? ¿Ante quién podían reclamar las madres, los padres, las esposas y esposos, abuelas y abuelos, novios y novias, hermanos, amigos? ¿En qué tumba depositarían los cuerpos muertos y desaparecidos de sus familiares para recordarlos y homenajearlos?
La memoria es la que nos permite recordar. Y por eso recuerdo que el gran argumento/excusa del plan de exterminio diseñado y ejecutado por la dictadura fue la necesidad de combatir a la “subversión apátrida y comunista”. Ahora pregunto: ¿las y los alumnos secundarios de La Plata secuestrados durante la noche de los lápices, las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, las madres que traicionó Astiz, los dirigentes sindicales de las fábricas, los periodistas, los curas tercermundistas, el Obispo Angelelli, los militantes políticos y tantos otros, eran parte de la subversión apátrida y comunista?
Detrás del plan de exterminio se ocultaba un programa económico que contaba con el apoyo de los grandes grupos colaboracionistas de la dictadura. Programa neoliberal que disminuyó en un 40% los salarios, abrió indiscriminadamente las importaciones, provocó el cierre de miles de industrias, destruyó millones de puestos de trabajo, desreguló la actividad financiera, multiplicó la deuda externa y benefició a los grupos económicos más concentrados (cualquier parecido con la actualidad, ¿es casualidad?). Esta fue la verdadera razón del plan de exterminio que reunió en la dictadura a militares, civiles y jerarcas de la Iglesia Católica. Por ambiciones de poder, por intereses económicos, por revanchas ideológicas, la dictadura cívico-militar-eclesiástica asesinó, secuestró, torturó, robó de manera despiadada.
Han pasado 50 años de aquel nefasto 24 de marzo y hoy corren tiempos turbulentos. En estas décadas han muerto muchas personas… pero las ideas no mueren. Este 2026 nos encuentra con un gobierno emparentado con los principios enarbolados por la dictadura. Sus defensores, públicos y anónimos, activos y pasivos, han llegado nuevamente al poder, en esta oportunidad mediante el voto popular. Sus métodos políticos, diferentes; sus objetivos económicos y sus fundamentos ideológicos, iguales. Es nuestra responsabilidad, la de toda la sociedad, de aquella que mantiene viva la memoria, pero también de aquella que pareciera sufrir amnesia colectiva, recordar, aprender y reproducir las lecciones que nos ofrece la Historia.
De nosotros depende hacer realidad aquella frase inmortalizada:
“Señores jueces: NUNCA MÁS”
Fiscal Julio César Strassera
PD: un homenaje a las muertos y desaparecidos, a sus familiares, a las Madres de Plaza de Mayo, a las Abuelas que siguen la incansable búsqueda de sus nietos, a los exiliados, a los trabajadores, a los estudiantes y a todos los ciudadanos que fueron víctimas de la dictadura.
Piero Ferrari, periodista y docente de San Andrés de Giles.
