Bajo la luz amarilla del único foco del salón, dos tipos relojean sus cartas y se miran esperando que algún movimiento facial evidencie qué tiene el otro. Después de negar el Truco y el Envido, Jorge Olivera se va al mazo. Su adversario está a cinco puntos de ganar la partida y quedarse con el premio: tener el primer lugar para violar a Marie Anne Erize, una modelo francesa que desde que cayó en las manos del Ejército se transformó en un trofeo.
Casi cincuenta años más tarde, Olivera prende la televisión del hogar en donde cumple prisión domiciliaria. En la pantalla aparece el candidato presidencial con mayor intención de votos, y afirma que la última dictadura militar cometió excesos en el marco de una guerra. El ex oficial sonríe: ya no es un violador, sino un sujeto con problemas para detectar límites.
¿Guerra o genocidio?
Desde el regreso de la democracia, todos los que intentaron desestimar la violencia ejercida por el gobierno de facto, insistieron una y otra vez en que no se podía desarrollar ningún proceso penal, dado que las muertes y desapariciones se habían dado en el contexto de una guerra. Se trata de una estrategia discursiva que el derecho internacional ya ha desmentido.
En un documento publicado en 2008, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) apeló a los Convenios de Ginebra para precisar que los conflictos armados no internacionales se caracterizan por ser enfrentamientos prolongados “que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de
uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado“.
Las víctimas del terrorismo de estado no cayeron en enfrentamientos, sino en operativos clandestinos que, en la mayoría de los casos, consistían en allanar ilegalmente un hogar, detener a todos sus habitantes y trasladarlos a campos de concentración ocultos.
Si se elige el concepto de genocidio, es porque la Organización de las Naciones Unidas lo utiliza para describir todo acto “perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal“. Lo mismo ocurre con la Real Academia Española, que lo define como “el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano“.
Estas caracterizaciones no hacen más que reflejar lo que pasó entre 1976 y 1983, cuando se diseñó una arquitectura clandestina para borrar del mapa a todo aquel individuo que de alguna u otra manera molestara al gobierno de facto.
Pero supongamos por un instante que los negacionistas tienen razón y que hubo una guerra. Este escenario tampoco protege a los genocidas, porque los Convenios de Ginebra precisan que los conflictos armados no habilitan delitos tales como la desaparición de personas, la tortura, el robo de bebés, la falsificación de identidades o los fusilamientos.
¿Son 30 mil?
La otra gran afrenta de los herederos de Videla ha sido la del número de desaparecidos. La frase “No son 30 mil” por un lado se presenta como un atenuante, y por el otro, como el esclarecimiento de una presunta verdad que pretende ser escondida
Efectivamente, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas afirmó en 1984 que se desconocía el paradero de 8961 detenidos. Se trató de un informe desarrollado en un contexto donde muchos evitar denunciar por miedo a sufrir represalias. Los levantamientos militares, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos, demostraron que el miedo tenía fundamentos.
Los archivos desclasificados coinciden en marcar que el número de desaparecidos fue mucho mayor. Un cable enviado a Pinochet en 1978 por el espía chileno Arancibia Clavel, señalaba que durante los últimos tres años habían desaparecido 22 mil personas, muchas de las cuales no estaban identificadas ya que eran irreconocibles. El mismo año, un documento del Departamento de Estado norteamericano fijaba el número en 15 mil.
A una conclusión similar había llegado en 1977 Rodolfo Walsh. En su carta abierta, el periodista denunciaba: “quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de
miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror“.
Más allá de las estadísticas, el número de 30 mil se elige por su carácter simbólico. Denuncia que la clandestinidad y el silencio de los asesinos impide la clausura de las investigaciones y la aceptación de una suma concreta.
Lo mismo sucede en Alemania. Cuando en 2005 el gobierno inauguró el Monumento del Holocausto, colocó una placa en donde se afirmaba que los judíos asesinados apenas superaban los cuatro millones, pero que existía la sospecha de que había que incluir a otros dos millones más.
Este carácter simbólico del número es realmente sensible. Todos los que intentaron utilizar la matemática para atacarlo, fueron reprimidos con la cárcel. Es que la justicia alemana tiene muy claro lo que en Argentina se pretende ocultar, que es el hecho de que la discusión estadística no tiene otro objetivo que relativizar la matanza.
Es por eso que quienes condenamos la violencia y creemos obstinadamente en el poder de la democracia, no podemos ignorar las palabras de Javier Milei. Porque detrás de sus eufemismos, se esconde una legitimación al régimen del horror.
Con la convicción de que la salida a la crisis actual no está en la anulación del estado de derecho, ni en el disparo de los fusiles, elegimos utilizar una frase que no nos pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino: Nunca más.
