El gobierno presenta al sistema TelePASE como un paso firme hacia la modernización y la eficiencia. Desde el discurso oficial, los beneficios son claros: menos congestión, mayor fluidez vehicular, reducción de costos operativos y un sistema más transparente en la recaudación.
Pero el nuevo esquema no solo digitaliza el pago: también lo condiciona. En muchos peajes, quienes no cuentan con TelePASE deben pagar mediante QR tarifas más elevadas. El mensaje implícito es contundente: quien no está dentro del sistema, paga más o directamente es multado con montos elevados. Así, la supuesta libertad de elección se transforma en una obligación encubierta, donde el efectivo —históricamente un medio de pago universal— pierde validez de facto.
Este cambio impacta especialmente en sectores que no están plenamente bancarizados o digitalizados. Personas sin tarjeta de crédito, sin acceso estable a internet o sin familiaridad con aplicaciones móviles son candidatos a ser multados.
Aquí es donde aparece una tensión de fondo. La libre circulación es un derecho básico, pero comienza a depender de condiciones tecnológicas y financieras que no todos pueden cumplir. No se trata simplemente de adaptarse al progreso, sino de preguntarse si ese progreso está siendo diseñado para todos o solo para quienes ya están integrados al sistema. La modernización, en este sentido, corre el riesgo de convertirse en un filtro más que en una herramienta.
El avance del TelePASE pone sobre la mesa una discusión incómoda: ¿quién define las reglas del acceso al espacio público? Si el dinero en efectivo deja de ser aceptado y las alternativas imponen barreras económicas o tecnológicas, el sistema deja de ser neutral. Tal vez el problema no sea la digitalización en sí, sino la falta de opciones reales. Porque cuando la única vía es la obligatoria, la libertad deja de avanzar.
A todo esto se suma otra preocupación igual de importante: ¿quién controla a la tecnología? Cuando el sistema de cobro es automático, invisible y sin intervención humana, el usuario queda completamente a merced de registros digitales que no siempre son transparentes. ¿Cómo puede alguien verificar que las pasadas que le están cobrando corresponden realmente a su vehículo y a sus recorridos? ¿Qué sucede si hay un error, una duplicación o una mala lectura de patente? Y más aún, ¿qué pasa si en ese momento no hay saldo disponible o la tarjeta asociada está vencida? En todos esos casos, el sistema no se detiene ni contempla la situación: simplemente genera deuda o multas. La falta de oficinas físicas deja al usuario en una posición de desventaja frente a un mecanismo que, lejos de ser infalible, también puede fallar.
Los nuevos peajes free flow ya no necesitan gente ni oficinas, son solo un arco que cruza la ruta con lectores de patentes que multan a quienes no están adheridos al sistema TelePASE. Con los nuevos sistemas sin cabinas todo es automático y los principales afectados son las personas que no están familiarizadas con la app de TelePASE, adultos mayores y gente del interior del país.
Por su parte, las concesionarias viales, el sistema financiero y las empresas tecnológicas que intermedian en cada transacción se ven directamente beneficiadas. También hay menos congestión y mayor fluidez vehicular. Del estado de las rutas hablemos otro día.
¿Qué pasa con el pago manual?
A partir del año que viene, la única manera de abonar todos los peajes será a través de Telepase. La medida fue dispuesta a través del Decreto 733/2025,frimado por el Presidente, Guillermo Francos y Mariano Cúneo Libarona. La normativa modifica el artículo 20 del Decreto N° 196/2025, y establece un cronograma para la implementación de sistemas de cobro de peajes en rutas nacionales.
La Dirección Nacional de Vialidad, bajo la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, deberá asegurar que, para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas nacionales concesionadas cuenten con la metodología de pago remoto.
Este tipo de pago automatizado puede ser con barreras y/o con “vías free flow” (automáticas, sin barreras).
