La medida era reclamada por las organizaciones de inquilinos, que denunciaban que 700 mil personas corrían el riesgo de ser desalojadas. El decreto justifica la extensión en la falta en la normalización de los ingresos.
Según los considerandos del decreto, la medida fue tomada debido a la situación económica, por lo que los locatarios vieron “afectados sus ingresos como consecuencia de la merma de la actividad”, lo que les dificultó “hacer frente a sus obligaciones”. El objetivo “no es otro que evitar el agravamiento de la problemática respecto de la vivienda”, agrega. La vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró en una entrevista radial: “Vamos a seguir acompañando a la gente que alquila ya que estos meses fueron difíciles”.
La extensión del decreto 320 significa que los inquilinos que no hayan pagado el alquiler no podrán ser desalojados. Aplica para inmuebles, pero también a habitaciones destinadas a viviendas en pensiones u hoteles. En los casos que hubiera una actualización semestral (como era con la anterior ley de alquileres) los inquilinos podrán decidir pagarla o mantener congelado el valor, y cuando finalice el decreto, pagar en hasta 6 cuotas lo adeudado, a partir de febrero de febrero 2021. En los casos donde hubiera deudas por falta de pago, será la misma cantidad de cuotas, pero con intereses.
A quienes se les hubiera terminado el contrato en estos meses, se les prorroga automáticamente hasta el 31 de enero, con el mismo valor. Los contratos alcanzados son los de vivienda, pero también inmuebles utilizados por monotributistas, autónomos, pymes, cooperativas y para actividades culturales/comunitarias.
La medida fue celebrada por las agrupaciones de inquilinos. “Estamos contentos en un momento de tanta incertidumbre, esto es un alivio”, aseguró Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos. Según datos elaborados por la entidad Inquilinos Agrupados, hay 700 mil personas que hubieran sido desalojadas de no extenderse el decreto. Con aumento del desempleo y de suspensiones laborales y paritarias pisadas, el 37,7 por ciento no pudo pagar en septiembre o lo hizo parcialmente, y el 47,4 por ciento tiene al menos un mes de deuda.
En la misma línea, el Gobierno extenderá al 31 de enero de 2021 el decreto 319, que es el que mantenía congeladas las cuotas de los créditos hipotecarios UVA hasta fin de este mes. También se mantendrán las suspensión de ejecuciones. Los montos adeudados por el congelamiento podrán ser convertidos a UVA y refinanciados sin intereses en el marco del “esfuerzo compartido” entre los deudores y los bancos. El esquema de convergencia se extenderá entre el primero de febrero y el 31 de julio. Habrá “instancias para la consideración” en los casos donde la cuota supere el 35 por ciento de los ingresos de los deudores.
Fuente: Telam
