En la madrugada del miércoles el acampe de la plaza San Martín cumplirá un mes. Como si fuera una paradoja, coincide con el día en que los argentinos realizaremos el Censo 2022, que contabilizará ciudadanos, hogares y viviendas. Frente a todos los pronósticos, las vecinas y vecinos que montaron sus carpas resistieron en el mismísimo centro cívico de la ciudad, algo inédito en la historia gilense. Los problemas habitacionales no son nuevos, como tampoco lo son las políticas que se intentan aplicar a una situación que hace años está lejos de solucionarse.

Sin ir más lejos Le Monde Diplomatique en su última edición, narra la historia de las “conventilleras”. En 1907 la Ciudad de Buenos Aires decretó una suba de impuestos a los conventillos, donde vivían la gran cantidad de inmigrantes provenientes de Europa. Al aumento, los propietarios lo trasladaron a los alquileres y la situación que ya venía mal, empeoró.

Los conventillos estaban en una situación deplorable y los inquilinos debían pagar más. Como consecuencia, muchas mujeres se organizaron para resistir y salieron a la calle con escobas a protestar y pedir respuestas: así nacieron las llamadas despectivamente “conventilleras”. La policía las reprimió, pero ellas lograron una rebaja en la mensualidad y mejoras en sus espacios y condiciones de vida para sus familias.

Esta conquista es una de las tantas situaciones que atravesó nuestro país en la lucha por el derecho a una vivienda digna. Protestas, como la de estas mujeres, hicieron que los gobiernos tomaran cartas en el asunto. Yrigoyen, por ejemplo, ordenó frenar la suba de alquileres por varios años, algo similar adoptó el gobierno de facto de 1943 hasta la llegada del peronismo con la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) de 1947 que posibilitó pasar del 37% al 58% la cantidad de propietarios según el censo de 1960. Entre otras medidas, la LPH permitió la construcción de cientos de barrios para las clases trabajadoras con tasas bajas del Banco Hipotecario.

El acampe de la plaza San Martín es una manifestación de familias locales ante un conflicto real. Es cierto que tienen el apoyo del movimiento Barrios de Pie -organización opositora al Gobierno Nacional-. Lo que no es real es que las personas que están acampando en la plaza no sean de Giles, como circula en las redes sociales. Los integrantes de este acampe trabajan en Giles, sus hijos van a la escuela en Giles y compran en el mismo almacén que nosotros, los gilenses que tenemos el privilegio de tener una casa o de poder alquilar.

Sí es cierto que algunos de los que están acampando son beneficiarios de un programa social, así como los más de 12 millones de argentinos que deben ser asistidos por el Estado, y se trata de una cifra que crece, no importa quien gobierne.  Claro está que este último punto no cambia nada, porque la problemática de la vivienda existe, tanto para quienes necesitan un plan que los ayude a llegar a fin de mes o para quiénes no.

El reclamo es válido, pero hace ruido. El discurso de los acampantes poco se escuchó, pero se resumió en que hasta que no esté la solución para esas familias – serían más de diez – la protesta no se iba a levantar. Y esto conduce a pensar que el acampe se trata de algo meramente personal: “sí tengo mi terreno, me voy”. Lo que se escucha desde las carpas de la Moreno puede confundirse con una extorsión si el mensaje concluye con ese final.  El problema es colectivo y alcanza a más de 2.000 familias en nuestra ciudad y podrían ser muchas más también, ya que la información oficial también es poca y confusa.

Cruzando la calle, en la municipalidad, poco parece atenderse el problema con el silencio generalizado de quienes tienen responsabilidades de gobierno. También parece no entenderse cuándo se dan algunas situaciones particulares, como la difusión en redes sociales de una denuncia penal realizada por el propio intendente interino Gesualdi ante un conflicto que la justicia no tiene competencia o la foto anunciando un convenio en Villa Espil del que no sabemos la cantidad de lotes disponibles o el valor de los mismos. Porque si los lotes van a valer 40 mil dólares o tendrán 3.000 metros cuadrados, poco van a solucionar los problemas de las familias trabajadoras de Giles que sueñan con una vivienda. Lo rápido no es sinónimo de bueno.

El problema habitacional es una deuda de los Estados con sus comunidades. A nivel nacional, después de la estafa de los créditos UVA, la única opción crediticia es el Procrear, que sale a cuenta gotas. La cuestión es tan grave que hoy es prácticamente imposible acceder a la casa propia para quienes no cuentan con una herencia. Quienes solo tienen para proyectarse los salarios del grupo familiar, (sin importar si se trata de profesionales, comerciantes o empleados) el sueño de la casa propia está lejos. Es la imposibilidad de un derecho.

Giles tiene mucho que trabajar. La tierra tiene que ocupar el tiempo de los dirigentes porque las familias se consolidan cuándo tienen un techo. Es necesaria la creación de áreas que aborden este tema de manera integral, una mejor regulación del sector y una planificación a largo plazo. La solución no está en el desarrollo Procrear que tendrá Giles en los próximos meses o en los lotes – no sabemos cuántos – que según funcionarios locales “saldrían a fin de año”. Si el Estado local no interviene poniendo un mínimo de lotes a disposición de los vecinos regularmente cada año – sin importar encuestas o años electorales – con herramientas creativas y una política integral, el futuro de Giles será de construcción para arriba y no para los costados.