La llegada de Cambiemos al poder trajo aparejado un considerable aumento en los tarifas de luz y gas. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, se transformó en el vocero de las noticias no tan buenas para los hogares argentinos. Un aumento nunca es bien recibido.
El comienzo de año no estuvo ajeno al tarifazo. Las tarifas de electricidad para usuarios residenciales a nivel nacional aumentaron un 43% y las de gas hasta el 57% entre diciembre y febrero de 2018. Números que ya se empiezan a ver reflejados en los hogares.
En estas últimas semanas varios vecinos comenzaron a mostrar en las redes sociales su descontento con las facturas. Las primeras en llegar fueron las de electricidad con sumas que en algunos casos ascienden a los tres mil pesos. En las localidades el problema se profundiza aún más, con un servicio que de por sí es de mayor valor.
Esta semana apareció la boleta de gas y por ende fue protagonista también en las redes. Algunos vecinos denunciaron valores insólitos, como el caso de una familia que recibió una boleta de 24 mil pesos, o el de un jubilado que aparentemente gastó casi cuatro mil.
Además del aumento que es importante, muchos vecinos luchan con las irregularidades de las empresas prestadoras del servicio que en varios casos no pueden dar explicaciones concretas de sus falencias. La situación es compleja.
Como si fuera poco el ministro anunció también una limitación a los alcances de la tarifa social en el uso del gas, ya que hasta ahora quienes tenían ese beneficio solo debían pagar por los servicios de transporte, de distribución y los impuestos de cada factura, mientras que el consumo estaba enteramente subsidiado por el Estado.
En cambio, desde este enero el Gobierno subsidiará el equivalente de consumo correspondiente a la categoría de usuario R1 distribuido mensualmente en metros cúbicos por mes. La tarifa social alcanza en la actualidad a 1,8 millones de usuarios, mientras 2,7 millones están incluidos en el Programa Hogar.
