Ambiente Saludable San Andrés de Giles anunció, a través de un comunicado, la finalización de su proyecto de ordenanza sobre el uso de agroquímicos, basado “en el respeto a la vida de cada uno”.
A lo largo de veintiocho artículos, la agrupación medioambiental propone establecer normas y sanciones que pongan fin a los abusos cometidos por los empresarios del agronegocio. Para esto, presentarán al Honorable Concejo Deliberante su proyecto titulado “Control de Agroquímicos al Resguardo de la Salud”. La ordenanza, explicaron, se elaboró sobre ejes que promueven tres tipos de acciones básicas: conservar hábitats para detener la extinción d especies, transformar las actividades contaminantes y eliminar costumbres que atentan sobre nuestros derechos.
En diálogo con Infociudad, integrantes de Ambiente Saludable aseguraron que a pesar del discurso dominante que dice que los agroquímicos son inofensivos, “este modelo agrario genera enfermedades, muertes, pérdida de biodiversidad, contaminación, inundaciones, expulsión de pobladores del campo a la ciudad y concentración de riqueza”.
Para la elaboración de este proyecto, explican que se basaron en estudios científicos que comprueban las graves consecuencias en la salud humana y en “los testimonios de casos concretos sufridos en nuestro partido, que nos fueron llegando durante distintas actividades que realizamos”. Destacan que todas las investigaciones consultadas pertenecen universidades y hospitales públicos, independientes de las empresas implicadas en el agronegocio.
Proponen una distancia de cuidado de viviendas de 4.800 metros, a alcanzarse en 4 años. Afirman que, según comprobaciones científicas, los agroquímicos recorren esa distancia una vez pulverizados, “sabiendo que cuando hay malas condiciones esa distancia se multiplica por nueve”.
Sostienen que su proyecto, además de proteger la salud de los ciudadanos y la preservación del medio ambiente, promueve directamente la producción agroecológica familiar y campesina, “acción que el municipio está obligado a fomentar sobre la base de la Ley 27118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina”, sancionada en diciembre de 2014 y promulgada de hecho en enero de 2015.
Por otro lado, afirmaron que están preocupados por “la complicidad que habría entre funcionarios municipales y productores agrícolas”, ya que un damnificado les contó que “el aplicador fue anoticiado telefónicamente por la conveniencia de retirarse antes de que llegaran los inspectores”.
La organización también realizará una Audiencia Pública, mecanismo de participación ciudadana en el que se otorga a aquellos interesados la garantía de manifestarse en forma previa al dictado de una decisión que puede afectar sus derechos. “Sería un atropello al espíritu de la participación democrática aprobar antes una ordenanza gestada en la soledad de un Concejo Deliberante que no abrió la discusión a quienes trabajamos por la salud de todos”, comentaron sobre el proyecto de ordenanza que elaboraron los concejales.
