Lejos de aclarar la polémica por el caso del brasileño detenido por presunto ejercicio ilegal de la medicina, el comunicado difundido este jueves por la Municipalidad de San Andrés de Giles abrió nuevos interrogantes. El Municipio admite que el hombre presentó documentación correspondiente a otra persona sin que esa situación fuera detectada y, además, afirma que una contratación de febrero de este año “no se efectivizó”, pese a que existe un decreto publicado en el propio Boletín Oficial.
En el texto, la municipalidad sostiene que Pedrozo de Jesús Douglas solo prestó servicios “de manera esporádica” durante 2025 y afirma que, aunque existió un pedido de renovación de su contratación para febrero de 2026, “el mismo no se efectivizó”.
Sin embargo, esa afirmación se contradice con el contenido del Boletín Oficial Municipal, donde fue publicado el Decreto Nº 0677/26, mediante el cual se oficializó un contrato con Pedrozo y una modificación de los valores que debía percibir por las guardias médicas a partir del 1° de febrero y del 1° de aLejos de aclarar la polémica por el caso del brasileño detenido por presunto ejercicio ilegal de la medicina, el comunicado difundido este jueves por la Municipalidad de San Andrés de Giles abrió nuevos interrogantes. El Municipio admite que el hombre presentó documentación correspondiente a otra persona sin que esa situación fuera detectada y, además, afirma que una contratación de febrero de este año “no se efectivizó”, pese a que existe un decreto publicado en el propio Boletín Oficial que la oficializa.
En el texto, la municipalidad sostiene que Pedrozo de Jesús Douglas solo prestó servicios “de manera esporádica” durante 2025 y afirma que, aunque existió un pedido de renovación de su contratación para febrero de 2026, “el mismo no se efectivizó”.
Sin embargo, esa afirmación se contradice con el contenido del Boletín Oficial Municipal, donde fue publicado el Decreto Nº 0677/26, mediante el cual se oficializó un contrato con Pedrozo y una modificación de los valores que debía percibir por las guardias médicas a partir del 1° de febrero y del 1° de abril de este año.
Hasta el momento, el Municipio no explicó cómo se compatibiliza esa publicación oficial con la afirmación de que la contratación “no se efectivizó”.
Así informaba la misma municipalidad la contratación de Pedroso en febrero de este año en el Boletín Oficial:
El reconocimiento de una falla en los controles
Otro de los puntos que surgen del propio comunicado oficial tiene que ver con el proceso de contratación.
La Municipalidad asegura que el hombre presentó toda la documentación requerida y sostiene que los títulos y certificados “pertenecen a un médico existente”, cuya identidad habría sido usurpada. También aclara que los documentos “no estaban adulterados”.
Esa explicación implica que la documentación presentada correspondía efectivamente a otra persona y que esa situación no fue advertida durante el proceso de contratación.
En ese contexto surge un nuevo interrogante: si la Municipalidad de Suipacha logró detectar presuntas irregularidades que derivaron en una denuncia judicial presentada en diciembre de 2025, ¿por qué no pudieron advertir la situación en San Andrés de Giles?
El comunicado oficial no brinda precisiones sobre qué verificaciones se realizaron al momento de incorporar al profesional ni explica si existieron controles posteriores para corroborar su identidad.
Una investigación que ya estaba en marcha
En el mismo comunicado, el Municipio informa que tomó conocimiento de la causa recién en abril de 2026, a través de un oficio remitido a la Asesoría Letrada, y asegura que desde entonces quedó a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación.
No obstante, la causa judicial había sido iniciada varios meses antes, luego de la denuncia presentada por la Municipalidad de Suipacha en diciembre de 2025.
Con el comunicado oficial, el Ejecutivo local fijó por primera vez su posición pública sobre un caso que generó fuerte repercusión en la ciudad. Sin embargo, las diferencias entre su versión y la documentación publicada en el propio Boletín Oficial dejan interrogantes que, por el momento, permanecen sin respuesta.
