El Senado de la Nación dio un paso decisivo en la agenda de reformas estructurales del Gobierno de Javier Milei al otorgar media sanción al capítulo laboral incluido en la Ley Bases. Los cambios propuestos impactan directamente en la relación entre empleados y empleadores, modificando leyes vigentes desde hace décadas.

Para entender el alcance de esta reforma, basamos este análisis en los datos procesados por el portal especializado Chequeado, que destaca los siguientes puntos fundamentales:

Las principales modificaciones

1. Ampliación del período de prueba: Según el texto aprobado, el período de prueba —que hoy es de 3 meses— pasará a ser de 6 meses para empresas de más de 100 empleados, 8 meses para pymes de 6 a 99 trabajadores, y hasta un año para empresas de hasta 5 empleados.
2. Banco de horas y jornadas de 12 horas: Se habilita la posibilidad de acordar jornadas laborales de hasta 12 horas diarias mediante convenios colectivos. Esto rompe con el límite tradicional y permite que las empresas compensen horas excedentes en un día con menos horas en otro, sin que esto implique necesariamente el pago de horas extras, siempre que se respete el descanso de 12 horas entre jornadas.
3. Fondo de Cese Laboral: Se habilita la posibilidad de que, mediante convenio colectivo, las empresas y sindicatos reemplacen la indemnización por despido por un sistema de fondo de cese (similar al modelo de la UOCRA), donde el empleador aporta mensualmente para cubrir un eventual despido.
4. Regularización y multas: El proyecto promueve una moratoria para blanquear trabajadores informales, condonando deudas por aportes y contribuciones. A su vez, se eliminan las multas que los empleadores debían pagar por no tener a sus trabajadores registrados correctamente.
5. Tope a las indemnizaciones: La reforma establece que la base de cálculo para la indemnización por antigüedad no podrá incluir bonos, premios, ni gastos de celular o prepagas, elementos que hoy suelen sumarse en los juicios laborales. Esto reduce efectivamente el monto final que recibe un trabajador al ser despedido.
6. Licencia por maternidad: Se mantiene el plazo total de 90 días, pero se permite que la persona gestante pueda optar por reducir su licencia previa al parto a tan solo 10 días, trasladando el resto al período de postparto.
7. Despido por participación en bloqueos: Se incorpora como “justa causa” de despido la participación en bloqueos o toma de establecimientos durante medidas de fuerza, lo que otorga una nueva herramienta de desvinculación a las empresas ante conflictos sindicales.
8. Figura del “Colaborador”: Se crea la figura del trabajador independiente con hasta tres “colaboradores” también independientes. Esto permite que una pequeña unidad productiva funcione sin que exista una relación de dependencia formal entre ellos, lo que críticos señalan como una posible legalización del fraude laboral.
9. Vacaciones fraccionadas: Se permite que los empleadores y trabajadores acuerden el fraccionamiento de las vacaciones, permitiendo que el descanso no sea corrido. Críticos advierten que esto podría debilitar el derecho al descanso efectivo al quedar supeditado a la “negociación” con la empresa.
10. Asambleas con autorización: Un punto que afecta directamente la actividad sindical es la restricción a las asambleas en los lugares de trabajo. La reforma exige que estas no perjudiquen la actividad normal de la empresa, lo que otorga a los empleadores una herramienta para limitar las medidas de fuerza o de debate interno entre los trabajadores.

¿Cómo sigue el camino legislativo?

Es importante destacar que, aunque el avance en el Senado es significativo, la reforma aún no está en vigencia. Para que las modificaciones queden formalmente establecidas, el proyecto debe regresar ahora a la Cámara de Diputados.

Allí, los diputados deberán decidir si aceptan los cambios introducidos por el Senado o si insisten con la redacción original que salió de la Cámara Baja meses atrás. Una vez que ambas cámaras coincidan en el texto final y el Ejecutivo lo promulgue, los cambios pasarán a formar parte de la legislación laboral argentina.