En un acto significativo de unidad y defensa de los derechos provinciales, el Intendente de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi, se unió al Gobernador Axel Kicillof, junto con otros intendentes y ministros, para firmar un reclamo formal dirigido al Ministerio de Economía de la Nación. El documento exige la devolución de los fondos adeudados a la provincia de Buenos Aires y a sus municipios, incluido San Andrés de Giles.

En declaraciones recientes, el Intendente Gesualdi expresó su firme compromiso en la defensa de los derechos de los ciudadanos gilenses frente a lo que describe como un incumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte del gobierno nacional. “Tengo la obligación de defender los derechos de los gilenses frente a un gobierno nacional que incumple con sus obligaciones constitucionales”, afirmó Gesualdi.

El impacto de la falta de estos fondos se siente profundamente en diversas áreas críticas del municipio. Gesualdi destacó cómo esta situación ha llevado a la paralización de la obra pública, afectando el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras vitales. Además, señaló la falta de recursos destinados a sectores esenciales como la salud y la educación, lo que agrava la situación de desfinanciamiento y empobrecimiento de los municipios.

“Esto se traduce en la paralización de la obra pública, la falta de recursos para la salud y la educación, provocando además el desfinanciamiento y empobrecimiento de los municipios, que son los que finalmente deben dar respuestas a los vecinos”, explicó Gesualdi, subrayando la carga adicional que recae sobre las administraciones locales.

Encabezados por Carlos Bianco y Gabriel Katopodis, llegaron el martes al mediodía al Ministerio de Economía a dejar un petitorio que lleva la firma del gobernador bonaerense. Piden que la Nación cubra la deuda por obras paralizadas y recortes de fondos de casi $6 billones.

El Ejecutivo bonaerense había denunciado que la gestión de Javier Milei aplica un “plan sistemático de asfixia financiera” contra Buenos Aires, debido al recorte de fondos y transferencias. En ese marco, puso sobre la mesa la suma de $5.8 billones de pesos como monto total de una deuda que está representada por la eliminación de algunos fondos como el Fondo de Incentivo Docentes (FONID), el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), fondos de ANSES que se afectan a la caja previsional del IPS o el Fondo Compensador al Transporte Público de Pasajeros. En definitiva, distintos programas que han sido suspendidos y que el Ejecutivo bonaerense incluso decidió judicializar -por ahora sin suerte- ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Asimismo, en ese listado de deuda, Buenos Aires incluyó la que corresponde a todos los proyectos de obra pública que llevados adelante por la Nación hasta diciembre del año pasado, que se desarrollaban en territorio bonaerense y fueron paralizados. En la provincia de Buenos Aires son poco más de 900 obras.