Redacción Infociudad 


El Gobierno publicó los nuevos requisitos que deberán cumplir las personas que quieran acceder al nuevo régimen de subsidios energéticos. El trámite será obligatorio bajo el formato de declaración jurada y los usuarios deberán actualizarlo, corriendo el riesgo de perder el beneficio.
La medida diseñada por el Ministerio de Economía unifica los criterios para los servicios de electricidad y gas natural, aunque también para gas propano por redes y garrafas. Para todos, habrá una única categoría de usuarios residenciales.
Para ingresar al régimen, los usuarios deberán demostrar ingresos netos totales inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales para un Hogar 2, es decir alrededor de 3.900.00 pesos según los datos del INDEC. Si lo hacen, quedarán inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).
También calificarán aquellos hogares con un integrante que tenga el Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra o un Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, aquellos usuarios que reciban algún tipo de ayuda económica para ambos servicios, quedarán inscriptas en un sistema denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que estará limitado a los hogares que cumplan con parámetros específicos de ingresos y condiciones sociales.
Las condiciones para ingresar al SEF que se basan en condiciones de capacidad económica. Quedarán excluidas las personas con las siguientes condiciones:
Los criterios de inclusión y exclusión fueron detallados en la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada en el Boletín Oficial.
La detección de estos signos de capacidad económica en cualquier integrante del grupo familiar permite el rechazo de la solicitud o la exclusión del subsidio, incluso, si se cumple con el requisito de ingresos netos.
La normativa establece que el nuevo registro se conformará inicialmente con la información existente en el anterior sistema RASE. Y más allá del nivel de ingresos, la autoridad de aplicación puede utilizar indicadores de exteriorización patrimonial para determinar la capacidad de pago de los solicitantes.
El proceso de evaluación incluirá también criterios de ubicación geográfica de la vivienda, a través de los cuales se verificará la veracidad de la situación patrimonial declarada por los usuarios.