Redacción Infociudad 


La provincia de Buenos Aires enfrenta una de las crisis económicas más profundas de los últimos años. Entre noviembre de 2023 y julio de 2025 cerraron 4.479 empresas, lo que equivale a casi 30 por día, según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado a partir de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
En ese mismo período, 88.460 trabajadores registrados perdieron su empleo, lo que representa una caída del 2,7% en menos de dos años.
La provincia concentra casi el 40% de la actividad productiva del país, por lo que las cifras encendieron luces de alarma en todo el arco económico. Detrás de los números se despliega una tendencia sostenida de enfriamiento de la economía, contracción del consumo y cierre de pymes, especialmente en los sectores más sensibles al ciclo económico.
El informe de CEPA detalla que los mayores retrocesos se concentraron en cuatro ramas clave de la economía bonaerense:
Construcción: perdió 25.371 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 18,7% en el número de trabajadores registrados. La paralización de la obra pública y la retracción del crédito hipotecario explican gran parte del derrumbe.
Industria manufacturera: redujo su plantilla en 25.346 empleos. La contracción del consumo interno, el aumento de costos y la apertura importadora afectaron directamente la producción.
Transporte y almacenamiento: registró una baja de 17.834 puestos, equivalente al 8,7% del total del sector. La caída del movimiento logístico está asociada al freno de la actividad industrial y comercial.
El cierre de empresas acompañó el desplome del empleo. Desde la asunción del actual gobierno nacional, la provincia perdió un empleador cada dos horas y más de 4.600 trabajadores registrados por mes.
La mayoría de las bajas se concentraron en empresas pequeñas y medianas. Según el CEPA, los empleadores de hasta 500 trabajadores representaron el 99,8% de la caída total (4.472 casos menos).
Las grandes compañías, en cambio, mostraron una retracción marginal: solo siete empleadores con más de 500 trabajadores desaparecieron del registro en el período analizado.
“Las pymes están siendo las principales víctimas del modelo de ajuste -señala el informe-. Son las que generan la mayor parte del empleo y las primeras en caer cuando la actividad se detiene y el consumo se desploma”.
El informe del CEPA vincula la destrucción de empleo y el cierre de empresas con la política económica implementada desde diciembre de 2023, centrada en la liberalización de precios, el ajuste del gasto público y la contracción del crédito.
“Las medidas de desregulación y apertura, combinadas con la recesión inducida por la política fiscal, generaron una caída simultánea del consumo y la producción”, sostiene el documento.
El sector de la construcción, que tradicionalmente funciona como termómetro del ciclo económico, fue el primero en resentirse. El freno a la obra pública y la reducción de la inversión privada impactaron de lleno en miles de empleos formales e informales.
En la industria, la apertura de importaciones y la pérdida de competitividad cambiaria provocaron el cierre o la suspensión de plantas. Muchas empresas optaron por reducir turnos, suspender personal o cerrar temporalmente ante la imposibilidad de sostener sus costos fijos.