En una jornada legislativa que marca un nuevo revés para el Gobierno nacional, el Senado de la Nación dejó sin efecto el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en materia de discapacidad. 

Con una amplia mayoría de 63 votos afirmativos y sólo siete rechazos, la Cámara alta reactivó la normativa que había sido objetada por el presidente Javier Milei, en lo que constituye el primer veto desactivado por el Congreso en más de dos décadas.

El resultado expone una vez más la falta de respaldo parlamentario del oficialismo, incluso en temas donde intenta imponer una línea de contención presupuestaria. 

En esta ocasión, un bloque opositor heterogéneo —integrado por legisladores kirchneristas, radicales, macristas y representantes de fuerzas provinciales— se alineó para sostener la ley que, entre otros puntos, mejora las condiciones de acceso a pensiones no contributivas, actualiza aranceles del sector y establece compensaciones económicas para personas con discapacidad.

La ley, que vuelve a tener vigencia, estará en efecto hasta el 31 de diciembre de 2026 y podrá prorrogarse por un año más. Su objetivo central es responder a las urgencias de un grupo humano históricamente postergado, en un contexto económico difícil y recortes que afectan de manera directa a los sectores más vulnerables.

Un revés institucional histórico

Más allá del contenido de la ley, el desenlace de la votación tiene un peso político considerable. Se trata de la primera vez en más de 20 años que el Congreso logra desactivar un veto presidencial. En esta ocasión, lo hizo con los dos tercios necesarios, dejando en evidencia la capacidad de articulación de la oposición frente a un Gobierno que ha perdido buena parte de su margen de maniobra legislativa.

Por cuestiones protocolares, la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidió la sesión —se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei al exterior—, y la conducción del debate quedó en manos del senador libertario y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, representante de San Luis.

Qué contempla la ley

La normativa reinstaurada contempla una serie de medidas de urgencia en el ámbito de la discapacidad, entre ellas:

–La reformulación y agilización del acceso a pensiones no contributivas.

–La actualización de los aranceles de prestaciones básicas para personas con discapacidad.

–Compensaciones económicas especiales para afrontar los sobrecostos que impactan directamente en este colectivo.

–Fortalecimiento del rol del Estado como garante de derechos en el sistema de salud y asistencia.