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Redacción Infociudad 
Este lunes se oficializó el veto total del presidente de la Nación, Javier Milei, a 3 leyes aprobadas por el Senado el pasado 10 de julio: el aumento de las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. La decisión fue publicada hoy en el Boletín Oficial.
Para revertir los vetos, se necesita reunir los 2 tercios de los votos en ambas cámaras. El Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado.
Hasta el momento, el mandatario ya vetó 6 leyes, lo que lo ubica por encima de los dos períodos juntos de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), y la presidencia de Mauricio Macri (Cambiemos) si se consideran los vetos por año. Un repaso por todas las iniciativas vetadas por el Presidente hasta el momento.
El proyecto implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $ 110 mil y se actualizaría por inflación.
Si la ley ya estuviera vigente, quienes perciben la jubilación mínima hubieran recibido en julio $ 441.600, frente a los $379.355 que cobraron. La diferencia sería de $ 62.273, un 16,4%. En ambos casos, el cálculo parte del haber de junio y suma un aumento del 1,5%, correspondiente a la inflación de mayo informada por el INDEC, de acuerdo con la actual movilidad jubilatoria. A esto se le suma el 7,2% propuesto en el proyecto de ley y un bono de $ 110 mil.
La iniciativa dispone la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025.
La norma permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional. Fue sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) y tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.
Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.
La Ley de Emergencia en Discapacidad busca declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. También, regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.
La ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, manifestó su rechazo al proyecto y lo definió como una “iniciativa regresiva que apela a un modelo asistencialista ya superado”. Organizaciones no gubernamentales denunciaron recortes en pensiones y servicios y exigieron la aprobación de la ley para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
A través del decreto 424/2025, el Poder Ejecutivo vetó un proyecto de ley aprobado por las 2 cámaras del Congreso que habilitaba fondos especiales dirigidos a la reconstrucción de Bahía Blanca después del temporal del 7 de marzo y subsidios para los afectados.
El proyecto de ley, que fue aprobado por Diputados y el Senado, incluía un fondo especial de $200.000.000.000, que debía constituirse en un plazo no mayor a 30 días, y que además dirigía partidas a la localidad de Coronel Rosales, impactada asimismo por las lluvias extraordinarias.
Milei vetó la ley de financiamiento universitario en octubre de 2024 y, días después, la Cámara de Diputados de la Nación confirmó el veto presidencial.
La norma proponía declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el 2024 y, para los gastos de funcionamiento, la iniciativa proponía actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
Además, el dictamen que se puso a consideración encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período.
Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo debería actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.
La iniciativa vetada por Milei en 2024 -y cuyo veto la Cámara de Diputados no pudo revertir– mantenía el esquema de actualización por inflación aprobado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Presidente, pero le sumaba un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril (el Gobierno había otorgado un incremento del 12,5%), con el objetivo de completar el 20,6% de inflación correspondiente a enero.
Además, se disponía que el haber mínimo no puede ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto (que publica mensualmente el INDEC y define la línea de pobreza), lo que equivalía a $ 321.600, $ 15 mil más que el monto de junio.
Finalmente, el proyecto proponía que la fórmula de movilidad no dependiera sólo de la inflación sino que también tuviera en cuenta los salarios. De esta manera, en caso de que el índice de inflación quedara por debajo del de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), los jubilados recibirían el 50% de esa diferencia a través de un ajuste semestral.
Fuente: Chequeado.com
