En medio del debate por la media sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad en la Cámara de Diputados, profesionales y familias de personas con discapacidad denuncian un grave deterioro en su acceso a tratamientos y servicios.

La situación es alarmante y trasciende las diferencias políticas. Incluso, los problemas que están atravesando chocan con lo establecido en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a garantizar la igualdad real de oportunidades, especialmente para personas con discapacidad. A esto se suma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige al Estado proteger sus derechos sin exclusiones.

Marina De Paoli, acompañante terapéutica de San Andrés de Giles, detalló los problemas que enfrentan los profesionales: “las prestaciones de discapacidad se rigen por el nomenclador nacional. El nomenclador abarca desde centros de día, transporte, terapistas e inclusiones a nivel educacional. El nomenclador nacional no tiene aumento desde diciembre de 2024. Esto lleva a que muchos dejemos de trabajar con obras sociales y prepagas para hacerlo de forma privada. Lo que deja excluidos a las personas con discapacidad que no tiene económicamente los recursos para apaliar las terapias. Digamos que acceden solo quienes pueden pagarlo.”.

Explicó que, según el nomenclador vigente, el módulo por cuatro horas diarias de acompañamiento ronda los $307.000 mensuales, y encima los pagos se demoran más de 30 días: “Tenemos retrasos desde marzo. No podemos vivir sin ingresos, y muchas familias no pueden pagarnos un plus, pero tampoco es justo trabajar sin cobrar”.

Sobre su labor, destacó: “El vínculo con el paciente no se logra de un día para otro. Es un trabajo cotidiano con empatía y dedicación, por eso la continuidad es clave”.

Agustina Dubois, directora del centro de día Alihuen consultada por Infociudad, agregó: “La burocracia es cada vez más pesada, y las prestaciones se cobran con hasta tres meses de demora. Esto afecta a profesionales, familias y, sobre todo, a las personas con discapacidad”.

Criticó además las auditorías que hoy enfrentan muchos vecinos con discapacidad: “Es una realidad que están evaluando las pensiones, obligando a las personas a conseguir documentación en un corto plazo, no teniendo en cuenta a veces que esa persona con discapacidad es adulta y que sus tutores son gerontes y no tienen el acceso a lo virtual; entonces quedan por fuera del sistema, sin un acompañamiento real y necesario”.