En los últimos días, vecinos y vecinas de nuestra ciudad que padecen distintos problemas de salud y poseen una pensión por invalidez laboral, recibieron en sus domicilios notificaciones -cartas documento- que los convocan a ser auditados por parte de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) que depende del Gobierno Nacional.

Consultados por este medio, los más de 20 vecinos y vecinas que recibieron la citación, cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), es decir que su situación ha sido evaluada por profesionales médicos y, en todos los casos, han certificado la discapacidad que van desde enfermedades mentales (esquizofrenia) hasta personas con miembros amputados, pasando por padecimientos tales como el mal de chagas.

La carta recibida por correo dice textual que “desde el inicio de esta gestión, la ANDIS llevó a cabo relevamientos para garantizar la transparencia y el acceso al beneficio a quienes por razones de salud se encuentren en situación de vulnerabilidad. Se encontraron reiteradas irregularidades. Es importante que esta ayuda llegue a quienes corresponde y realmente lo necesitan, sin discrecionalidad, desviaciones y fraudes.” Investigando en la página Web de la institución y en documentos oficiales, no hay publicación alguna que de cuenta de estos procesos de auditoría, ni cuantas irregularidades se hallaron o cuantos beneficios fueron dados de baja.

La citación enviada por la ANDIS lleva la firma de su director ejecutivo Diego Orlando Spagnuolo. El funcionario alcanzó notoriedad pública a fines de mayo de este año cuando, en el marco de una reunión con personas con discapacidad y familiares, expresó: “si vos tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”. También había cuestionado que las personas con discapacidad estuvieran eximidas de pagar peaje.

Spagnuolo no tiene formación ni antecedentes en la materia sobre la que le toca gestionar, pero sí  declara en su CV  que es el abogado personal de Javier Milei, al que representó en varias causas. La última fue en la cautelar impulsada durante la transición por el ahora presidente para que se dejen sin efecto las últimas licitaciones públicas y contratos del gobierno saliente.

De acuerdo también a su CV, el único paso por la administración pública que se le conoce es haber sido asesor de Carlos Kambourian —procesado por malversación de fondos públicos del Hospital Garraham— en la secretaría de Salud del municipio de Pilar durante la intendencia de Carlos Ducoté (Juntos por el Cambio).

Esta situación que sucede en Giles y se replica en el país generó preocupación en varios vecinos y familias. En primera instancia por la sorpresa que genera recibir la carta documento y la poca información que esta incluye.

De hecho, la notificación solicita a las personas que ya cuentan con el CUD asistir a la oficina de PAMI local para presentar información respaldatoria sobre su discapacidad en un plazo de 30 días. Muchos de estos vecinos destacaron que en la oficina de atención no conocían la existencia de la notificación generando aún más preocupación e incomodidad.