Está semana se llevó a cabo un encuentro vital para el futuro de la AU. 7., la primera audiencia pública convocada en el marco del proceso licitatorio correspondiente a la “Red Federal de Concesiones – Etapa II”, que comprende a las Ruta Nacional Nº 7 (entre otras, como las Nº 5, 7, 35, 8, 36 y 193).

En el encuentro se confirmó que el Gobierno Nacional no hará obras ni aportes para mantenimiento de rutas y que las empresas concesionarias solo deberán cumplir con mantenimiento básico (corte de pasto y señalización).

Asimismo, desde Vialidad Nacional se habló de una “concesión autosustentable”, lo cual significa que la empresa que gane el proceso licitatorio, podrá instalar hasta tres nuevas estaciones de peaje con tecnología “free flow”, lo cual no generaría nuevos puestos de trabajo pero si una mayor rentabilidad a quien gane la licitación de la ruta 7.

Mientras muchos municipios presentaron sus propuestas ante la inminente privatización de la traza, San Andrés de Giles no tuvo representación.

Francisco Ratto por ejemplo, intendente de San Antonio de Areco, planteó formalmente las deficiencias en el mantenimiento de la Ruta 8 y exigió al Gobierno Nacional la conclusión de obras pendientes en los accesos viales.

Junín tuvo una participación destacada en la audiencia, ya que era la ciudad anfitriona. En representación del municipio de Junín estuvo el presidente del Concejo Deliberante, Juan Fiorini, que expuso los problemas críticos de la Ruta 7 y la Ruta 188: denunció la falta de bacheo, señalización, corte de pasto e iluminación además de solicitar asfaltado y conexión de colectoras en mal estado que afectan el tránsito local.

Chacabuco participó activamente en la audiencia pública con una postura firme de rechazo al anuncio del Gobierno Nacional de no completar las obras en la Ruta 7, especialmente la variante Chacabuco y el tramo a Carmen de Areco. A través de sus representantes municipales y concejales, el municipio ratificó formalmente su reclamo por la finalización de estas obras prioritarias, destacando el impacto negativo que su abandono tendría en la seguridad vial y el desarrollo económico de la región.

También participaron representantes de trabajadores de peaje y la Fundación Estrellas Amarillas, que reúne a familiares de víctimas de siniestros viales. Si bien los representantes gremiales hicieron hincapié en la inclusión de los trabajadores en los pliegos que serán licitados, ambas agrupaciones coincidieron en que la seguridad vial debe tener mayor presencia en los pliegos para asistir accidentes y expusieron sobre la importancia que tienen las balanzas para prevenir el deterioro de las rutas.

Con esta nueva omisión, Giles enfrenta una mayor postergación en mejoras viales. Podría al menos haber sumado su voz de apoyo a la Fundación Estrellas Amarillas y a las más de 50 familias que dependen del trabajo en el peaje y hoy enfrentan un estado de incertidumbre laboral. La falta de representación en este tipo de audiencias implica una oportunidad perdida para gestionar soluciones.

Con el proceso de concesión avanzando y sin representación gilense en las discusiones, el municipio queda a merced de decisiones que serán tomadas sin considerar sus necesidades específicas, profundizando la desventaja competitiva respecto a municipios vecinos que presentaron propuestas y objeciones.