En un fallo contundente de 37 páginas, la Justicia de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, hizo lugar a las medidas cautelares urgentes solicitadas por los vecinos de Ciudad Nueva, 9 de Julio, ante la grave problemática del arsénico en el agua de consumo y las fumigaciones con agrotóxicos. El reclamo, acompañado jurídicamente por la organización socioambiental Naturaleza de Derechos, busca garantizar el acceso al agua potable, proteger los acuíferos y asegurar el derecho a la información sobre la calidad del agua que consume la comunidad.

El arsénico, un elemento que puede encontrarse de forma natural en el suelo o como resultado de actividades humanas como la minería, la ganadería y la agricultura, representa un grave riesgo para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), su ingesta prolongada puede causar intoxicación crónica y aumentar el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer. En el caso de 9 de Julio, una localidad reconocida por su producción de trigo, avena, maíz, cebada, soja y girasol, los niveles de arsénico en el agua superan ampliamente los 50 partes por billón (ppb), el límite máximo recomendado. De hecho, en algunos sectores, se detectaron niveles 36 veces superiores a lo permitido.

El fallo judicial ordena una serie de medidas urgentes, entre las que se destacan: la provisión de bidones de agua potable libre de agrotóxicos y con niveles de arsénico inferiores a 10 microgramos por litro para familias vulnerables, centros de salud, jubilados y establecimientos educativos; la prohibición de fumigaciones con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de los pozos de extracción de agua; la implementación de un plan de vigilancia sanitaria por exposición crónica al arsénico y agrotóxicos; y la obligación del Municipio de informar mensualmente a la población sobre la calidad del agua de red.

Este caso no es aislado en la Provincia de Buenos Aires. Según el Mapa de Arsénico actualizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), más de 20 localidades argentinas presentan niveles de arsénico en el agua que superan los 50 ppb. En este contexto, San Andrés de Giles aparece en la categoría de alerta amarilla, con niveles de arsénico entre 10 y 50 ppb. El mapa advierte que, en estos casos, “se deben completar estudios para decidir si consumir agua con estos valores aumenta la posibilidad de desarrollar cuadros de enfermedades como el HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico)”.

Sin embargo, el año pasado, la municipalidad de San Andrés de Giles negó la información aportada por el Mapa del Arsénico realizada por el ITBA. El municipio difundió un comunicado aclarando que el agua es potable y se puede tomar, pero nunca mostraron ningún resultado ni tampoco informaron dónde se realizaron las muestras, ni en qué laboratorio se analizaron.

La lucha de los vecinos de Ciudad Nueva se enmarca en un reclamo más amplio de los pueblos fumigados de la Provincia de Buenos Aires, que exigen el acceso al agua segura y la protección de sus derechos socioambientales. Este fallo judicial no solo representa una victoria para la comunidad de 9 de Julio, sino también un precedente importante para otras localidades que enfrentan problemáticas similares.

Visitá el Mapa del Arsénico realizado por ITBA: https://mapa-de-arsenico.web.app/