El presidente Javier Milei confirmó el fin de la moratoria previsional, una medida que permitía a muchas personas acceder a la jubilación pagando los aportes que les faltaban. La moratoria vence este mes y el gobierno decidió que no habrá nuevos mecanismos para que las personas se jubilen aunque no tengan el mínimo de aportes. 7 de cada 10 adultos mayores no podrán acceder a una jubilación.

Para analizar las implicancias de esta decisión, hablamos con Marina Moretti, presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS) y exfuncionaria de ANSES. Con amplia experiencia en el área, Moretti explica el impacto que tendrá esta medida en la vida de miles de argentinos y argentinas.

Infociudad: ¿De qué se trataba esta moratoria y qué cambios generó en estos años en los que funcionó?

Marina Moretti: Las moratorias o planes de regularización de aportes permitían que una persona pudiera pagar en cuotas los aportes que le faltaban para llegar a los 30 años requeridos por la ley para jubilarse. Esta metodología fue promovida fuertemente, primero por Néstor Kirchner y luego por Cristina Fernández de Kirchner. Gracias a esto, muchas personas que tenían la edad para jubilarse pero habían trabajado en negro, eran autónomos o monotributistas y no siempre pudieron pagar sus aportes, o incluso amas de casa que desempeñaron el trabajo de llevar adelante una familia, pudieron acceder a la jubilación pagando su deuda previsional.

En números, esto significó que más de tres millones de personas pudieran acceder a este derecho. Argentina tiene aproximadamente siete millones de jubilados y la mitad pudo jubilarse gracias a esta herramienta. La moratoria representó una manera de hacerse cargo de las distintas crisis económicas y sociales del país, reconociendo el peso del trabajo no registrado, autónomo o no remunerado en la historia laboral de muchas personas.

IC: ¿Qué implica el fin de esta moratoria y cómo afecta a quienes están en edad de jubilarse?

MM: La eliminación de la moratoria implica que muchas personas que cumplan la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los varones) y no tengan los 30 años de aportes, no podrán jubilarse. En ese caso, deberán esperar a alcanzar más edad para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), si es que sigue vigente. Esta prestación es de menor calidad, ya que equivale al 80% de una jubilación mínima y no otorga derecho a pensión para cónyuges o hijos con discapacidad.

En consecuencia, estas personas dependerán de la ayuda de sus familias o de la comunidad, ya que el Estado se retira explícitamente de su rol de protección hacia las personas mayores. Como resultado, la tasa de cobertura de seguridad social disminuirá. Hoy en día, casi el 98% de las personas en edad jubilatoria están efectivamente jubiladas, lo que es un indicador de equidad y acceso. Sin la moratoria, esta tasa caerá, llevándonos a un escenario similar al de los años 90.

IC: Con este nuevo panorama, ¿Qué opciones les quedan a las personas en edad de jubilarse pero que no llegan con los aportes?

MM: Si la moratoria no se renueva, las opciones son seguir trabajando o depender de la ayuda de familiares. Es una situación triste, injusta y cínica. Mientras se argumenta que la moratoria era un “regalo”, no se cuestiona ni se penaliza a quienes no hicieron los aportes correspondientes a sus trabajadores. Al contrario, en muchos casos, se les otorgan deducciones y blanqueos.

IC: Desde tu experiencia en ANSES, ¿Cómo ves la situación actual de los jubilados en relación con los ingresos, el fin de la moratoria y las coberturas de PAMI?

MM: Parece que los jubilados eran la “casta” a la que Milei se refería cuando hablaba de ajuste. El superávit fiscal que se celebra se logró en gran parte a costa de recortar jubilaciones. Son los más castigados. Si a esto sumamos la pérdida de cobertura en medicamentos, lo que obtenemos es que la jubilación rinde cada vez menos.

Creo que somos una sociedad que valora y quiere proteger a las personas mayores, a quienes nos criaron y ya trabajaron toda su vida. Que los jubilados tengan acceso gratuito a medicamentos y que los cubra el Estado es correcto, porque significa que la sociedad en su conjunto hace un esfuerzo para que esas personas no tengan que gastar su jubilación en remedios y puedan destinarla a otras necesidades.

La sociedad que buscan es una en la que nadie se hace cargo de los mayores. ¿De verdad queremos eso?