El Gobierno Nacional, bajo la gestión de Javier Milei, avanzó en la desregulación del mercado de combustibles al oficializar el sistema de autodespacho en las estaciones de servicio de todo el país. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante el Decreto 46/25, entrará en vigencia a partir de mañana. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires su aplicación enfrenta un limitación clave: una legislación vigente que podría frenar su implementación.

Cómo funcionará el autodespacho en Argentina

Según el decreto, las estaciones de servicio podrán optar por incorporar surtidores de autoservicio de manera total o parcial. No obstante, para comenzar a operar bajo esta modalidad deberán esperar a que la Secretaría de Energía de la Nación defina los requisitos específicos dentro de un plazo de 60 días. Hasta entonces, las estaciones interesadas deberán solicitar autorización a la cartera encabezada por María Tettamanti.

Este esquema busca brindar mayor flexibilidad en la comercialización de combustibles y alinear a Argentina con modelos internacionales donde el autoservicio es una práctica habitual. Sin embargo, su implementación genera controversias, especialmente en aquellas provincias que cuentan con regulaciones propias sobre la atención en estaciones de servicio.

El desafío en la provincia de Buenos Aires

A pesar del decreto nacional, en territorio bonaerense rige la Ley 13.623, sancionada en 2006 y promulgada en enero de 2007, la cual establece que todas las estaciones de servicio deben contar con personal capacitado para la atención al público. Además, la norma impone sanciones que pueden llegar a la clausura preventiva en caso de incumplimiento.

Ante este escenario, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, aseguró que el gobernador Axel Kicillof hará valer la normativa vigente en el distrito. Así lo expresó tras una reunión con representantes del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGYPE), donde reafirmó el compromiso del gobierno provincial con la protección de los puestos de trabajo en el sector.

Con esta postura, la provincia de Buenos Aires se encamina a un posible conflicto con el Gobierno Nacional respecto a la implementación del autodespacho, abriendo un debate sobre las competencias de regulación en el mercado de combustibles. Mientras tanto, las estaciones de servicio bonaerenses deberán esperar definiciones claras sobre si podrán adoptar o no a la nueva modalidad.