El sistema que entró en vigencia la semana pasada en las provincias que hayan adherido, establece un sistema de puntajes que se descuentan a los conductores ante cada infracción.

A un conductor se le asignan 20 puntos que pierde a medida que recibe penalizaciones. Así, por ejemplo, participar u organizar picadas, o conducir sin habilitación, significan la pérdida total de los puntos, mientras que otras faltas graves como no respetar límites de velocidad o en estado de ebriedad pueden significar la quita de 10.

La pérdida del total de los puntos significa la inhabilitación para conducir por 60 días. Las faltas son acumulables así como las penalidades.

En la provincia de Buenos Aires, sin embargo, no habrá adhesión. Al menos por el momento. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense.

“La provincia tiene sus particularidades y todavía hay que estudiar la mejor aplicación”, señalaron desde la cartera que conduce Jorge D’Onofrio.

Estas particularidades de la Provincia vienen siendo estudiadas desde hace tiempo. La gestión provincial tiene interés en sancionar una nueva ley provincial de tránsito, toda vez que hoy coexisten en el territorio una norma local y una nacional, que se impone la mayor de las veces.

Se trata de una tarea compleja que requiere un estudio profundo. Buenos Aires viene dando otras batallas de esa dimensión en materia vial, por ejemplo la Ley de Alcohol Cero, y la implementación de una educación más completa, que comience incluso en el jardín de infantes.

Antes de adherir, las provincias deben tomar medidas para homogeneizar los sistemas de controles y multas. Para empezar, tienen que votar una ley en la Legislatura.

Luego deberán interactuar con el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC) y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) para que los Centros de Emisión de Licencias de conducir (CELs) cuenten con información precisa y actualizada al momento de emitir la renovación de una licencia.