El martes pasado, distintas organizaciones medioambientales emitieron una carta abierta en la cual se detalla que está por vencer la suspensión de una resolución que permite eliminar restricciones a las fumigaciones.En diálogo con el programa “La Casa Invita” de la AM750, Daniela Dubois, vecina que forma parte de la Red Federal de Docentes por la Vida, hizo referencia a la denuncia reflejada en el escrito:  “La resolución imponía que todos los avances que hemos logrado en distintos pueblos a través de ordenanzas y fallos judiciales, no fueran tomados en cuenta“. Y agregó: “Esto es muy grave porque desde distintos lugares hemos ido avanzando en restricciones que alejan las fumigaciones“.En el texto también se sostiene que hubo “un año de trabajo por demás insuficiente e incompleto por parte del Observatorio Técnico sobre fitosanitarios y de la Mesa de Trabajo ad hoc“. Se trata de dos espacios creados el año pasado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y que tienen como fin controlar la aplicación de agroquímicos.Además, se expresa que desde la primera reglamentación de agrotóxicos implementada en 1991, “este tema no ha sido abordado con la seriedad y urgencia que amerita“. En este sentido, en la carta abierta se declara que “dilatar la adopción de medidas de protección concretas en la elaboración de políticas públicas es prolongar la exposición y los daños, dado que mientras esas decisiones se retrasan los productores que utilizan biocidas no cesan jamás de hacerlo, ni aún en pandemia“.Esto se da en un contexto en el cual, en todo el país se arrojan 500 millones de litros de agrotóxicos por año. “Eso impacta en la salud de la población, impacta en la seguridad alimentaria. Se contamina el ambiente y la biodiversidad” explica Dubois, quien además ilustra: “En todos los pueblos donde se han fumigados con agrotoxicos, la tasa de cáncer ha superado tres veces la tasa nacional“.Por todo esto es que el escrito concluye con una lista de exigencias entre las que se incluye la derogación de la Resolución 246/18, la “prohibición de la aplicación de agroquímicos biocidas en los 2000 metros lindantes a zonas pobladas, escuelas, cursos de agua, y zonas de protección o resguardo ambiental“, como así también la cancelación de los permisos para las fumigaciones aéreas. Por último, se pide “Incorporar análisis de agrotóxicos en el examen bacterio-lógico físico y químico que se realiza anualmente para el agua potable y segura en las escuelas, bajo la responsabilidad de los Consejos Escolares“.El comunicado está firmado por decenas de organizaciones y voluntarios. El texto completo aquí.