En la sesión legislativa del jueves pasado, el bloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ordenanza, para restringir el acceso a cargos superiores de la función pública, a aquellos que tengan sentencia condenatoria firme de pena privativa de libertad, por delitos contra la vida, la integridad sexual, el estado civil y la libertad.Esto alcanza a cargos como secretarías, subsecretarías y direcciones generales. En caso de aprobarse el proyecto, el acceso a estos puestos se verá limitado hasta que pasen ochos años del cumplimiento de la condena.La iniciativa sostiene en sus considerandos que “La persona que vaya a ocupar un cargo político, además de ser idónea debe ser respetuosa del ordenamiento jurídico vigente en la faz penal“. Por otro lado, sentencia que “las personas que cometen delitos aberrantes y reciben condena firme por ellos, no pueden conducir los intereses de nuestro municipio ya que ese flagelo debe combatirse desde todas las aristas estatales“.Además expresa que “la Carta Democrática Interamericana, establece en su artículo 3: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho;(…)”Si bien la oposición tenía la intención de votar esta propuesta, el oficialismo pidió que pase a la Comisión de Peticiones. Bautista Castaños, jefe de bloque del Frente de Todos, argumentó que el proyecto necesitaba ser completado a raíz de que ya hay normativa vigente al respecto.Por otro lado, la concejal Moretti agregó: “Me llama la atención que se elijan algunos delitos y no otros. Por ejemplo en el caso de los homicidios hay 20 calificaciones y se toman tres. También que no se hayan elegido los delitos que tengan que ver con la defraudación contra la administración pública“. Además expresó que establecer este tipo de inhabilitaciones es anticonstitucional, ya que sólo las puede determinar un juez.En oposición a Moretti, la concejal Noely Meretta sostuvo: “No consideramos que vaya en contra de la legislación de fondo“. Pese a esto, Juntos por el Cambio aceptó la solicitud de pasar el proyecto a la Comisión de Peticiones, para trabajarlo junto a la asesora legal del Concejo Deliberante.