Camila Martínez Lima fue la primera en contar su situación como habitante rural. La joven vecina vive junto a su pareja y su hijo de dos años en un campo que es fumigado con frecuencia. “Llegamos a un acuerdo con el aplicador para que nos avise con anticipación para tomar las precauciones necesarias. Cuando fumigan me llevo a mi hijo varias horas fuera de casa para que no tenga contacto directo con los agroquímicos, sin embargo, estos quedan en el aire, en las plantas, en la ropa colgada, en los juegos, en todas las cosas”, aseguró.Además confirmó que después de las primeras fumigaciones su hijo “que nunca había tenido antecedentes respiratorios”, tuvo tos durante meses. Aseguró sentirse, junto a su familia, desprotegida y no está de acuerdo con el proyecto de ordenanza que presentaron los concejales porque discriminan entre los habitantes rurales y los de la ciudad, al establecer un perímetro de protección de solo mil metros para los primeros y de dos mil para los segundos. Propuso también que los integrantes de las organizaciones ambientales locales formen parte del organismo de control para asegurar que se cumpla la ordenanza.Judith Cardoso, emblema de esta lucha, también relató su experiencia como afectada por las fumigaciones. Explicó que comenzó a sufrir con más frecuencia la afección de sus vías respiratorias. “Quienes me conocen saben que jugaba cinco partidos de Padle por fin de semana, hoy solo puedo jugar uno”. A pesar de iniciar acciones legales y diferentes denuncias, Judith confirmó que sus colegas docentes no recibieron ningún protocolo escrito de cómo actuar en estas situaciones.Carmen de Diego, vecina de la zona rural de Villa Espil, se dedica junto a su marido a la cria de animales y una huerta sustentable. Su casa está entre medio de dos campos linderos donde se produce siempre soja. “Hace tres años que no podemos cosechar nada, todo se seca”, confesó. Además, afirmó que ella y su marido sufren mareos, nauseas y dolores musculares que los médicos no pueden explicar. “Cuando fumigan trato de cerrar puertas y ventanas pero la deriva igual penetra en mi casa”, explica. Además, comentó que al tener también colmenas, notaron que las abejas están desapareciendo: “No tienen néctar para recolectar si toda la zona está rodeada de soja, no hay alimentos para ellas”. “Por supuesto que el modelo productivo tiene que ser rentable, nadie quiere trabajar en vano, pero que venga acompañado por el respeto a la salud humana y al ambiente”, sostuvoOtro de los testimonios que se destacó fue el de Germán de Rossi, ex Secretario del HCD, quien reconoció el trabajo y compromiso de los concejales en el tema. El vecino hizo hincapié en las irregularidades de público conocimiento. “De la ley a los hechos hay una gran distancia”, sentenció y afirmo que todos los vecinos son testigos de “mosquitos en el casco urbano, y bidones trasladados en vehículos comunes a plena luz del día”.  Afirmo que resulta “difícil de explicar que no lo vean quienes tienen que ejercer control de esas prácticas que están prohibidas.”Además, destacó que se está teniendo este debate “después de dos fumigaciones y denuncias, no en términos preventivos como debería ser en un Estado local que planifica y apuesta a la proyección de la salud de los vecinos”. Durante su relato, se preguntó qué esperanza podemos tener de que se cumpla la legislación próxima si hasta ahora con las normas existentes no se ha logrado controlar ni sancionar los usos indebidos. “Hay un estado municipal que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las normas”, concluyó.