El 18 y 19 de octubre todos los alumnos  de gestión pública y privada, que cursen 6° grado de la primaria y  5° o 6° año de la secundaria, de todo el país se enfrentarán a las evaluaciones del Operativo Aprender 2016. Se evaluará de la misma manera, a modo de muestra representativa, a estudiantes de 3° grado de primaria y 2° y 3° año de secundaria. Para comprender por qué y para qué se llevará a cabo este operativo, Infociudad dialogó con Miriam Mendez, Licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Luján y con Mariana Galarza, docente y Secretaria General de SUTEBA.Para Miriam, este tipo de exámenes que tienen como antecesores las pruebas PISA, son estandarizados a niveles internacionales. “No se centran en aspectos cualitativos sino cuantitativos, porque se enfocan solo en el resultado, no en el proceso”, aclara. Además, asegura que “están profundamente descontextualizados porque no tienen en cuenta la historia ni los conocimientos previos de los alumnos que van a ser evaluados”. Explica que se ignora el carácter constructivista presente en los diseños curriculares de todos los niveles: “El conocimiento se construye con un otro”Mariana asegura que la Ley de Educación y los planes de estudio que se prescriben hacen mucho hincapié para que las escuelas utilicen un sistema de evaluación que sea en contexto y situado, en el cual “se tienen en cuenta un montón de parámetros de los alumnos, su entorno socioeducativo, donde está inserta la escuela, cuáles son las condiciones en las que ese aprendizaje se produce”. Asegura que, por el contrario, este operativo no tiene en cuenta la realidad de cada institución, sino que evalúan de manera censal contenidos externos.El principal impulsor ideológico de estas medidas es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. De la mano de campañas mediáticas generan un gran consenso detrás del argumento de mejorar la calidad educativa, pensando la educación desde un punto de vista empresarial en el cual se debe aumentar la “productividad” de docentes y estudiantes. La intervención del Banco Mundial se materializó en los años 90, explica Miriam, y puede intervenir en políticas de ajuste, macro y microeconomía y en todos los procesos sociales de educación y salud. “Son los que dirigen cómo los países subdesarrollados tienen que actuar”.Estas pruebas vienen siendo impulsadas y aplicadas desde hace más de 10 años en gran parte de América Latina, en países como Chile, Ecuador y Perú. En México la reforma educativa que se inició con este tipo de evaluaciones, incluyó flexibilización laboral docente, despidos masivos y se cobró la vida de 11 maestros y 43 estudiantes que ya llevan dos años desaparecidos por salir a luchar en defensa de la educación pública.Refiriéndose a las experiencias latinoamericanas, Miriam confirma que en países donde se aplicaron estas pruebas “las escuelas que salieron menos beneficiadas  recibieron ajustes en su presupuesto educativo” y aclara que pensar así la educación responde a una concepción meritocrática.Tanto Miriam como Mariana coinciden en que son necesarias las evaluaciones. Sin embargo ambas creen que no es la manera. Mariana, desde su experiencia docente afirma que “siempre se debe evaluar teniendo en cuenta la trayectoria de nuestros alumnos”. Este operativo va a tomar “las mismas 24 preguntas a estudiantes de una escuela de Salta, una de Villa Ruiz, el Nacional, Los Robles y el Sagrada Familia”. Según su postura, lo más grave de la situación es que se atenta a la capacidad reflexiva de los estudiantes al someterlos a una evaluación que está destinada al fracaso. “Los nenes que cursan 3er grado tienen 8 años, y tan solo 60 minutos con una señorita que desconocen para responder 24 items, si los dividimos por tiempo nos da que tienen menos de 2 minutos para leer la consigna, interpretarla, pensar la respuesta y volcarla”, describe en referencia a la muestra representativa que se encargará de medir a los más pequeños. “Ya sabemos de entrada que no van a dar buenos resultados porque nosotros no enseñamos de esa manera”, confirma.Los exámenes estandarizados del operativo se enfocarán solo en contenidos de ciencias sociales, naturales, lengua y matemática. Para Mariana esto se contradice con la Ley de Educación que establece que todas las áreas deben tener la misma importancia. “Hay intereses e inteligencias múltiples, a lo mejor un alumno que no es bueno en matemáticas es excelente es inglés o educación física, no se tiene una integralidad de lo que se está evaluando y se hace un recorte totalmente descontextualizado”, aclara.Por su parte, Miriam admite que hay muchas cosas para seguir mejorando en educación, pero “esos cambios no se hacen midiendo a los alumnos, sino que se tendría que volver a espacios de jornadas de capacitación y reflexión donde los maestros propongan qué es lo que falta mejorar. Estas pruebas se están aplicando sin la consulta ni el previo consenso de los docentes”Comenta que evaluaciones tan mecánicas no van a tener los mismos resultados en escuelas, por ejemplo, de Barrio Norte de clase media alta, que en una escuela de contexto marginal del conurbano. “No porque haya alumnos de segunda o primera, sino porque están atravesados por realidades diferentes”, y agrega que estas pruebas “están ancladas en el concepto de homogeneidad del siglo XIX”.Entonces ¿Para qué se despliega este operativo? Miriam se pregunta qué calidad buscan: “¿Para formar ciudadanos o para construir mano de obra y consumidores?”. Mariana piensa que estas medidas esconden un trasfondo de precarización laboral y recorte. “La educación es un derecho que garantiza todos los demás derechos”, asegura. Como consecuencia a largo plazo cree que se van a desestimar, a partir de los resultados del operativo, todo lo construido durante estos años y se va a anular la obligatoriedad del nivel secundario. “Esto no solo significa la pérdida del derecho de los jóvenes a estar en el mejor lugar que pueden estar, sino también la pérdida de puestos de trabajos”, concluye.