El 17 de agosto el sitio web “Noticias Gilenses” anunciaba un acontecimiento trágico: un mosquito había fumigado el campo lindero a la escuela n° 21 “Joaquín V. González”, ubicada sobre un camino de tierra que une nuestra ciudad con el kilómetro 125 del ferrocarril, provocándole a los alumnos y a la directora dificultades para respirar. Jorge Rivara, presidente del Consejo Escolar, confirmó lo sucedido y aseguró que la denuncia se hizo en el Juzgado de Faltas “ya que por ley y por ordenanza está prohibido fumigar en los alrededores de las escuelas mientras se desarrollan las clases”.Según la ordenanza municipal n° 1761 “Uso de agroquímicos”, se declara “Zona de amortiguación ecológicamente protegida” a los primeros 200 metros que circundan las escuelas rurales. “En estas zonas se prohíbe la aplicación aérea de los productos agroquímicos, admitiéndose solo la aplicación terrestre fuera del horario de clase”, especifica. Además, el artículo 9 detalla como condición que los interesados en fumigar allí deben previamente comunicárselo al municipio. Entre los requisitos, figura que en el caso de no existir barreras físicas como calles, caminos, rutas o montes, deberá dejarse un área de al menos 20 metros de ancho libre de cultivos y aplicaciones de agroquímicos. La escuela número 21 cuenta con cultivos de soja a pocos metros de los juegos para los niños (ver foto) y nunca nadie avisó que aquel día iban a fumigar durante el horario escolar.Por su parte, Florencia Memoli, a cargo del Área de Medio Ambiente del municipio, afirmó que no recibió ninguna denuncia. “Por esta sanción se debe aplicar una pena económica”, comentó. Además, explicó que cada productor que fumigue en un campo cercano a los establecimientos educativos tiene que pedir autorización, a través de una nota que indique cuál es la parcela, entre otros datos administrativos. “Ni a mí ni al municipio llegó ninguna nota pidiendo autorización para fumigar al lado de la Escuela 21”, aseguró. Como medida para frenar estas infracciones, Memoli propuso realizar charlas informativas en la Sociedad Rural sobre la aplicación de estos productos nocivos para la salud y explicar de nuevo la ordenanza.Sin embargo, este episodio no es un hecho aislado, sino que responde a una problemática que afecta a gran parte de las localidades de la provincia de Buenos Aires, especialmente a las comunidades rurales y su población escolar. Según un estudio reciente realizado por la Universidad Nacional de La Plata sobre el uso de agroquímicos, localidades como Salto, Junín, Ramallo, Pergamino, entre otras presentan un estado alarmante de variedad de productos químicos muy por encima de los parámetros “aceptables” en su suelo, agua y aire. En estos lugares se identificaron productos químicos que están prohibidos desde hace varios años en Argentina. En la vecina localidad de San Antonio de Areco se confirmaron, a través de un análisis medioambiental en la escuela rural n° 11 “Juan Manuel Estrada”, 7 agrotóxicos distintos.El pasado lunes, la Multisectorial contra el Agronegocio  -grupo de vecinos y docentes de las distintas localidades fumigadas de la provincia incluyendo nuestra ciudad- envió un comunicado a través de representantes a todas las escuelas de Giles, dirigido a la Inspectora Jefa Distrital Esther Peñalva de Yorio y al Presidente del Consejo Escolar Jorge Rivara. Destacan la “necesidad de denunciar toda situación que ponga en riesgo  la salud de niños y docentes en el ámbito escolar”. Exigen la concientización de “todos los actores del sistema educativo sobre el daño que la exposición a los agroquímicos implica”. Estos vecinos solicitan “la urgente implementación de acciones concretas en relación a tan terrible situación y que garanticen la salubridad en los establecimientos educativos rurales”.En conclusión, la multisectorial asegura que “es preciso apoyarse en la ley y los derechos tan claramente establecidos, para poner límite a cualquier persona o grupo que en pos de intereses particulares dañe la salud de los niños que están bajo la tutela y responsabilidad del Sistema Educativo y que dependen del accionar ético y responsable de los adultos para ver garantizados sus derechos”.